l director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), Ramón Aguirre Díaz, advirtió ayer que, en caso de que siga sin llover en el valle de México, y dado el bajo nivel que se observa en las presas del sistema Cutzamala –de donde proviene 30 por ciento del abasto hídrico para esta capital–, será necesario elevar, en meses próximos, a 40 y 50 por ciento la reducción en el suministro de agua en el Distrito Federal.
El anuncio del funcionario refuerza las advertencias de distintos especialistas, en el sentido de que el año entrante puede presentarse una de las peores crisis hídricas en ciudad de México y de que ello acabaría por traducirse en escenarios de inconformidad social e ingobernabilidad, especialmente en aquellos sectores que resulten más afectados por los recortes: apenas el pasado martes, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) informó que, en semanas recientes, se han registrado bloqueos de avenidas en distintos puntos de la ciudad en protesta por la falta de agua; en tanto, la desesperación por obtener el líquido ha llevado a los habitantes de algunas colonias de Iztapalapa a secuestrar pipas de agua y a forzar registros, válvulas y tuberías.
Debe señalarse que, a diferencia de otras crisis que actualmente se viven en el país, cuya solución puede y debe lograrse con base en la voluntad política, la sensibilidad social, los cambios en el rumbo de la política económica y el reordenamiento de las prioridades en los distintos ámbitos del quehacer gubernamental, la emergencia hídrica que enfrenta actualmente el valle de México es producto de factores cuya corrección no depende de las autoridades, como la ausencia de lluvias –en 2009, el Distrito Federal enfrentará la mayor sequía en 40 años, según ha pronosticado el propio SACM– y el desequilibrio hidrológico que acusa la región a raíz del desproporcionado incremento demográfico de las recientes décadas, el sostenido aumento en la demanda de agua y la creciente sobrexplotación de los mantos freáticos.
Es claro, pues, que la actual coyuntura difícilmente se superará en la medida en que las autoridades no desarrollen políticas orientadas a modificar la cultura de la población y a reducir sustancialmente el consumo de agua por habitante, que actualmente asciende a más de 300 litros por día, en promedio, cuando lo adecuado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es emplear alrededor de 80 litros.
No puede soslayarse, sin embargo, que las afectaciones derivadas del desabasto hídrico vienen a engrosar una larga lista de factores que, en conjunto, profundizan el deterioro en la calidad de vida de la mayoría de la población y potencian el riesgo de que surjan expresiones de descontento como las denunciadas por la ALDF: la caída del poder adquisitivo de los salarios –a su vez consecuencia de la devaluación y la inflación–, la carestía generalizada, la pérdida de puestos de trabajo en el sector formal y los recortes al gasto público en política social, salud y educación, amén de los rezagos económicos y sociales que mantienen, desde hace décadas, a millones de mexicanos en un virtual estado de crisis permanente.
Ante este panorama, resulta impostergable que, además de las acciones de racionalización del líquido impulsadas por el Gobierno del Distrito Federal, las autoridades de los distintos niveles empleen, en lo inmediato, todos los recursos de que disponen para atender y corregir los desequilibrios mencionados, habida cuenta de que éstos magnifican una problemática que de suyo supone un reto mayúsculo para la ciudad, sus autoridades y sobre todo sus habitantes. Éstos, por su parte, y especialmente quienes pertenecen a las clases medias y altas, deberán realizar una aportación imprescindible para resolver la crítica circunstancia, mediante un cambio drástico de hábitos en el consumo de agua: el esfuerzo requerido es también cultural.
