or qué tanto brinco si el suelo estaba muy parejo? Ernesto Zedillo, primero, y luego Jorge Madrazo, dijeron claramente el 23 de diciembre de 1997 que en la matanza de Acteal hubo quienes la planearon y otros que la ejecutaron, lo que significa que no fue un pleito de comunidades (aunque así lo propusiera Madrazo), sino, en el menor de los casos, una venganza urdida por grupos armados en contra de otros que no sólo estaban desarmados, sino que eran principalmente mujeres y niños. Una de las razones por las que Madrazo justificó el arraigo del caso a la Procuraduría General de la República (PGR) fue que se trataba de un delito federal, puesto que los asesinos habían usado armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. También se dijo que intervenía el gobierno federal porque el estatal no tenía los recursos para atender adecuadamente el asunto, pese a que el secretario de gobierno de la entidad había dicho que serían protegidos los pobladores expulsados de sus tierras.
El procurador federal envió a Chenalhó al subprocurador de Averiguaciones Previas, Everardo Moreno, a ocho agentes del Ministerio Público de la Federación, a siete peritos de balística, medicina forense y criminalística, y a 40 agentes de la Policía Judicial Federal (La Jornada, 24/12/97). El resultado de las investigaciones de la PGR fue la detención de varias decenas de presuntos culpables. No tengo muy claro si entre los detenidos estaban los que planearon la matanza o sólo los que presumiblemente la ejecutaron. Pero, para mí, esto tenía que ser relevante.
¿Se hizo bien la investigación? ¿Se apegó al Código Federal de Procedimientos Penales? No lo sé, pero sí sé que tuvieron que pasar casi 12 años para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizara el procedimiento y dejara libres a varios de los detenidos.
La SCJN descubrió, 11 años y meses después, que hubo pruebas obtenidas de manera ilegal durante la averiguación previa, algo así como la orden de un juez, en un juicio, de que se desestimen ciertas pruebas porque su obtención no fue de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales, como en La Ley y el Orden que vemos en la televisión: aunque todo indique que el indiciado es culpable de asesinato y nosotros los espectadores lo hayamos visto cometer el crimen. La diferencia del caso con la serie televisiva es que en ésta el fiscal (Ministerio Público) tiene la oportunidad de presentar otras pruebas y en México no, según parece, salvo para aquellos a los que se les haga un nuevo juicio y que ahora están amparados o en proceso de amparo.
¿Y el hecho de que los asesinos hayan em-pleado armas de uso exclusivo del Ejército, que fue uno de los motivos por el que el crimen fue arraigado por la PGR? Por lo visto a nadie le importa y, a mi manera de ver, no es un asunto secundario, puesto que la primera pregunta que surge es: ¿quiénes les dieron tales armas y quiénes los enseñaron a usarlas? ¿Los que planearon la matanza? ¿Y éstos estaban entre los detenidos y ahora excarcelados por obra y gracia de la SCJN? Lo que he leído en los periódicos no me da luz al respecto.
Hubo 45 muertos, asesinados para el caso. ¿No debería retomar el proceso de investigación la PGR, con su nuevo titular? Los asesinatos, hasta donde entiendo, no prescriben. Una nueva investigación es obligada, entre otras razones para corregir los posibles errores que a juicio de la SCJN se cometieron hace más de una década. Y esta nueva investigación tendrá como desventaja que ha transcurrido mucho tiempo desde los hechos, pero como ventaja que el actual procurador no obedece, supongo, a Zedillo, sino a Calderón, quien es incluso de otro partido político en el poder y que, también supongo, no le debe nada a quienes gobernaban entonces.
Un lío jurídico, propio para abogados muy hábiles, que no es mi caso. Sin embargo, hay un hecho: los asesinos, los que planearon y los que ejecutaron la matanza, no han sido castigados como ordenan las leyes y un mínimo de sentido de justicia, y las víctimas quedarán en un humillado recuerdo gracias a una investigación que puso ciertos procedimientos por encima de la justicia. Una mancha más para los millonarios ministros de nuestra SCJN.
Una pregunta adicional: ¿quedarán impunes quienes, a juicio de la Corte, hicieron mal la investigación y desdeñaron los debidos procedimientos legales para (en mi opinión y en la de otros) salvar al gobierno de Zedillo y a su secretario de Gobernación de su responsabilidad en ese crimen, al querer convertirlo en un pleito entre comunidades? Para mí que el desaseo y las prisas en las investigaciones y en las órdenes de aprehensión fueron para darle carpetazo al asunto y sacar de foco a Zedillo y a quienes dotaron a los asesinos con armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, para exculparlos.
No sé por qué esto me recuerda el incidente Colosio: la atracción del caso por la PGR, cuando, en estricto sentido, era un asunto del fuero común y del Ministerio Público local, ya que un candidato es un ciudadano común. ¿La SCJN también lo revisará y le concederá amparo al supuesto Mario Aburto (aún preso) para que se rehaga el proceso? ¿No será que la PGR y la misma SCJN sirven, en algunos casos, de tapadera para proteger al presidente en turno de México y a sus más cercanos colaboradores?
