Tras la liberación de los acusados de asesinato por la masacre de Acteal es necesario realizar una nueva revisión del proceso a partir de elementos jurídicos que permitan que ese crimen de lesa humanidad no quede impune, aseguraron los directores de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Dolores González, y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Luis Arriaga.

Ambos coincidieron con el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, en que a fin de evitar la impunidad de este grave caso –ocurrido el 22 de diciembre de 1997– las autoridades mexicanas deben reabrir las investigaciones.

Arriaga consideró que el hecho de que Brunori se haya pronunciando en torno a la liberación de 20 implicados en la matanza pondrá las antenas en la esfera internacional, lo que debe tener repercusiones. En tanto que González cuestionó el criterio político y humanista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) –quien defendió a los paramilitares–, debido a que escogió la defensa de los violadores de derechos humanos y no la de las víctimas.

La directora de Serapaz aseveró que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –que permitió la libertad para los autores materiales de la masacre que ya habían sido sentenciados– debe ser visto en términos de la no validación del proceso jurídico, pero eso no hace inocentes a los liberados.

Las autoridades deben mantener la revisión del caso, abrirlo nuevamente a fin de analizar las pruebas que fueron otorgadas en su momento; quizás algunas fueron fabricadas, pero hubo muchas de testigos directos, hay miles de testimonios de las víctimas (que señalan a los responsables), y ahora vemos que Las Abejas están muy desgastadas.

Señaló que la SCJN mandó un mensaje muy negativo, de falta de acceso a la justicia, colocando a las víctimas en vulnerabilidad. Agregó que al articular recientes casos que el máximo tribunal ha analizado, como Atenco, Lydia Cacho y la perspectiva existente en torno a Oaxaca, encontramos puertas cerradas en el aparato de justicia para responder a la exigencia de respeto a los derechos humanos y justicia. Esto es riesgoso en el país porque se van cancelando vías institucionales de acceso a la justicia.

Subrayó que la SCJN no liberó a civiles, sino a paramilitares que fueron entrenados y encubiertos por el Estado, que al final es el principal violador de los derechos humanos (en este caso), garantías que fueron anuladas por la Corte con su decisión.

Recordó que el caso y la impunidad en que se encuentra se estudian en la CIDH, además de que se analiza la posibilidad de que la Audiencia Nacional de España lo atraiga; sin embargo, dijo que previamente a que se refute la resolución de la SCJN ante las instancias internacionales, se deben agotar todas las opciones internas, como una nueva revisión del mismo.

Por su parte, Luis Arriaga indicó que se dio libertad a los responsables de la masacre, por lo que las autoridades deben impulsar las acciones necesarias para garantizar la justicia, aclarar lo que sucedió en un contexto de una estrategia de Estado contrainsurgente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la masacre.

Subrayó que la decisión de la Corte es lamentable porque se suma a un cobijo de impunidad y pone en relevancia la incapacidad e ineficiencia de las instancias de justicia, que pueden ser usadas discrecionalmente como órganos de control político.