Sí existen condiciones para abrir una nueva averiguación sobre la matanza de 45 indígenas en Acteal, porque hay señalamientos en la causa penal sobre presuntos responsables que no fueron investigados ni se ejerció acción penal en su contra; también hay testimonios de víctimas que no fueron tomados en cuenta, además de que los delitos más graves cometidos, como el homicidio calificado, no han prescrito.

Fuentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisaron lo anterior y añadieron que la Procuraduría General de la República (PGR) tendría que ser muy cuidadosa en investigar a posibles autores materiales o intelectuales que no fueron llevados a juicio, además de analizar aspectos de la indagatoria que fueron ignorados durante la averiguación previa.

Añadieron los informantes que que los delitos más graves cometidos –como el homicidio calificado– no han prescrito y, por tanto, existen condiciones para que no queden impunes.

La única limitante legal, explicaron, es que ya no podrían ser juzgados de nueva cuenta los 20 indígenas que recibieron amparo liso y llano y quedaron libres, o bien tendrían que ser acusados por otros delitos.

En cuanto a los seis que obtuvieron amparo para efectos –entre los que están los confesos Lorenzo Pérez Vázquez y Javier Vázquez–, siguen bajo proceso y su culpabilidad será determinada por un tribunal unitario.

Además están pendientes los casos de los casi 30 indígenas cuya petición de amparo resolverá las próximas semanas la Corte.

Llamaron la atención sobre que en ninguno de los expedientes que revisa la Corte se hace referencia a los acusados como paramilitares, y que la mención sobre la culpabilidad de algunos es por haber confesado que sí participaron en los hechos.

Respecto de la posibilidad de que sean investigadas autoridades tanto federales como estatales sobre los hechos, indicaron que de abrirse una nueva indagatoria el límite de la misma lo fijaría la PGR, tanto sobre la autoría intelectual como la material; pero con la salvedad de que tendría que tomar en cuenta cuáles serían los presuntos delitos y su posible prescripción.

En cuanto a los agentes del Ministerio Público y jueces que avalaron la fabricación de pruebas y la tergiversación de las investigaciones, también podrían ser sancionados administrativamente, pero para ello tendrían que ser la PGR o el Consejo de la Judicatura Federal las instancias que, por queja previa o por oficio, tomaran cartas en el asunto.

Trascendió que la revisión de los 28 amparos pendientes del caso Acteal serán resueltos en no menos de un mes, y se prevé la concesión de más protecciones, unas otorgando la libertad absoluta. En el caso de los confesos que resultaran favorecidos, podrían obtener amparos para efectos, es decir, para reponer procedimientos, aunque seguirían en prisión.