El Departamento de Estado confirmó ayer en Washinton que el jueves de la semana pasada entregó al Congreso de Estados Unidos un informe sobre la situación de los derechos humanos en México, como parte del requisito indispensable para desbloquear la entrega de unos 60 millones de dólares de ayuda al país que derivan de la denominada Iniciativa Mérida.

“Hicimos un recuento al Congreso de los esfuerzos de México –como parte de su plan antidrogas– en su implementación, de sus necesidades y de sus esfuerzos para profesionalizar las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia, así como para fortalecer su estado de derecho”, aseguró a la prensa Philip J. Crowley, vocero del Departamento de Estado.

El Capitolio, en voz del senador democráta Patrick Leahy, había instruido a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a entregar antes del 30 de septiembre un reporte que detallara las acciones del gobierno de Felipe Calderón para indagar y castigar abusos cometidos por las coprporaciones policaciacas y/o del Ejército Mexicano.

Leahy bloqueó temporalmente el desembolso de la ayuda en el marco de la Iniciativa Mérida, por dudas sobre denuncias de organizaciones no gubernamentales (foráneas y mexicanas) sobre supuestas violaciones a garantías de cientos de personas.

Según versiones de la prensa estadunidense, el monto bloqueado por Leahy es de unos 60 millones de dólares.

A las dudas del senador se sumaron opiniones críticas, como la que el pasado 24 de julio emitió en un editorial el diario estadunidense Los Ángeles Times, que solicitó a Clinton detener 15 por ciento de la ayuda en la Iniciativa Mérida, ante las denuncias por abuso militar en el combate al narco. Nos gustaría ver a las instituciones mexicanas [...] lidiar con estos abusos y hacer que los militares rindan cuentas sin presión de EU, dijo.

Según los presupuestos para 2008 y 2009, el Departamento de Estado puede detener la disposición de 129 millones de dólares de un total de mil 130 millones.

En ese contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que en los primeros seis meses de este año recibió 703 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por violaciones a garantías individuales, de las que destacan 34 por desaparición forzada, 10 por tortura, 6 por presunta privación de la vida y 381 por detenciones arbitrarias.

Expuso que destaca el incumplimiento de formalidades en la emisión de órdenes de cateo o durante la ejecución de las mismas; trato inhumano o degradante a supuestos criminales; la prestación indebida del servicio público; el apoderamiento de bienes inmuebles sin causa justificada; retención ilegal; empleo arbitrario de la fuerza pública; incomunicación, y diferir la presentación de los detenidos ante la autoridad judicial.

Según un informe interno de la CNDH, en estos seis meses la comisión emitió 14 recomendaciones contra la Sedena; cifra similar a la que elaboró el año pasado y más del doble de 2007, cuando fueron seis.

Apenas el mes pasado, la comisión había informado que la Sedena era la dependencia federal con más denuncias (703) de violaciones a las garantías individuales en lo que va del año.