Exigen esclarecer ataque a académicos

as y los firmantes queremos sumarnos a la consternación, preocupación y profunda indignación que se vive en la comunidad universitaria por el asesinato de Salvador Rodríguez y las graves heridas ocasionadas a Carlos Bustamante durante un violento robo ocurrido el pasado 12 de agosto. Exigimos a las autoridades competentes justicia, condición necesaria para hacer frente a la violencia y abonar en el urgente restablecimiento de la seguridad que los habitantes de la ciudad y del país reclamamos.

Rosaura Ruiz, Silvia Torres, Mireya Imaz, Gerardo Bocco, Norma Blázquez, Carlos Gay, Elena Álvarez-Buylla, Adolfo Gilly, Hugo Casanova, Roberto Zozaya, Telma Castro, Amparo Martínez, Montserrat Gispert, José Antonio Pérez, Alejandra Recillas, Irene Pisanty, María Teresa Valverde, Jorge Zavala, Juan Ignacio del Cueto, María del Coro Arizmendi, Maite Mascaró, Gian Carlo Delgado, Eduardo Vega, Gisela Mateos, Lucía Almeida, Roberto Lindig, Prócoro Millán, Jorge Jiménez, Antonia Llorens, Silke Cram, Ángeles Alegre, Pilar Segarra, Gabriela Carranza y Luis Gutiérrez

Se deslinda de Manuel Anzaldo

¿Quién defiende al pueblo de los crímenes de Estado? En el caso de los paramilitares liberados que prepetraron la masacre de Acteal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dice proteger los derechos humanos de asesinos que, con premeditación, alevosía y ventaja, masacraron a 45 niñ@s, mujeres, jóvenes y ancianos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, gobiernos y algunos legisladores se pronunciaron por salvaguardar los intereses de quienes durante horas balacearon, persiguieron y machetearon a una comunidad de desplazados, sin más techo que plásticos y láminas y sin más alimento que su infinita esperanza por alcanzar paz con justicia y dignidad. En los medios, intelectuales y analistas destacaron las fallas del procedimiento judicial, pero despreciaron los testimonios directos de las víctimas.

El gobierno de Chiapas se apresta a dotarlos de tierras, dinero público y proyectos de desarrollo, mientras las víctimas viven con estupor la certidumbre de que no hay justicia y que se premia el delito que padecieron. Tampoco se vislumbra castigar a los autores intelectuales del crimen. La masacre de Acteal trascenderá como un crimen de Estado, pese a que pretendan reescribir una historia a modo. La sentencia de la SCJN también pasará como otra página negra con que el sistema defiende a criminales divinos y asesinos preciosos por encima de cualquier consideración ética posible.

Como una de las fuentes predilectas de los defensores de los paramilitares es Manuel Anzaldo, y como compartimos el mismo apellido, ruego a los estimados reporteros referirse a esa persona no sólo por su apellido, para evitar las confusiones que desde entonces me han afectado al relacionarme en una situación que repudio y en una posición que detesto.

Juan Anzaldo Meneses, editor

Respuesta de Néstor de Buen a Salvador Rocha

Por lo visto, estoy de moda y de manera especial, gracias a Salvador Rocha Díaz, abogado de Mexicana de Cananea y, por lo tanto, del señor Larrea.

Ayer publicó en La Jornada un desplegado en el que hace referencia a que participé en las reuniones con el secretario de Trabajo y a que en esa ocasión pedimos indemnización por los daños y perjuicios que se le han causado al licenciado Gómez Urrutia, por la conducta ilícita de dicha empresa. Es cierto el hecho, pero aclaro que el importe de los daños y perjuicios reclamados era a beneficio del sindicato y del propio Gómez Urrutia, todo ello con una clara naturaleza laboral.

Salvador Rocha sabe que es perfectamente legítimo demandar el pago de daños y perjuicios cuando se ha producido una conducta ilícita por parte del sujeto pasivo de la demanda, como es el caso. Sin embargo, el tema principal de los conflictos colectivos ha sido la violación sistemática por parte de la empresa del contrato colectivo de trabajo. Con la complicidad de la Secretaría del Trabajo, se declaró la inexistencia de la huelga, en tres ocasiones, mismas que generaron el beneficio del amparo en favor del sindicato, en el sentido de declarar plenamente existentes dichos movimientos de huelga.

La afirmación de Salvador Rocha de que al sindicato minero no le interesa terminar con el estado de inestabilidad laboral en la mina, sino satisfacer únicamente los intereses personales del licenciado Gómez Urrutia, constituye una falsedad rotunda, además de que resulta una mentira que los intereses en juego en las huelgas sean personales del licenciado Gómez Urrutia, a quien Salvador califica de ex dirigente, acogiéndose a la resolución infundada de la Secretaría del Trabajo, que le negó toma de nota y que es objeto de una demanda de amparo.

Por otra parte, la supuesta terminación de las relaciones laborales en la mina de Cananea por causa de fuerza mayor no tiene fundamento alguno, ya que lo que tratan es de terminar la huelga; basta examinar el artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo, cuya lectura recomiendo a Salvador, para advertir que la supuesta fuerza mayor no está prevista como causa de terminación de la huelga. Y esto, en el supuesto no admitido de que existiera tal fuerza mayor, cuyo significado conoce Salvador de sobra, como buen civilista que es, pero omite aplicarlo al caso de que se trata. Los comentarios que se invocan de Carlos Pavón reflejan, simple y sencillamente, su deslealtad frente al sindicato y su subordinación a la empresa.

Néstor de Buen

Invitaciones

Conferencia sobre Honduras

Hoy a las 12 horas, en la sala Jesús Silva Herzog de la Facultad de Economía, Rosalinda Bueso, embajadora de Honduras en México; Rebeca Santos, ministra de Finanzas de ese país, y Adalberto Santana y Ulises Lara, académicos de la UNAM, impartirán la conferencia Repercusiones políticas y económicas del golpe de Estado en Honduras, como parte de las acciones que buscan que la ONU, la OEA, la Corte Interamericana y demás organismos internacionales se pronuncien por que los golpes de Estado sean penalizados como crímenes de lesa humanidad.

Académicos y estudiantes de la UNAM, Unidad Coyoacanense, Jóvenes por la Democracia y Comité de Lucha Popular, del Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática