l titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, lanzó ayer desde Brasil –donde realizó una visita de Estado– un llamado al diálogo a los dirigentes de los partidos políticos del país, a efecto de que podamos encontrar las mejores opciones para superar la brecha fiscal ocasionada por la actual crisis económica mundial. El político michoacano reconoció que el gobierno federal no puede por sí solo tomar las medidas necesarias para hacer frente a la presente coyuntura, por lo que instó a los partidos a establecer esquemas de colaboración y de construcción de acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Ante la falta de capacidad o de voluntad política del gobierno federal para enfrentar la actual crisis económica con sensibilidad social y sentido de Estado –como ha quedado en evidencia en reiteradas ocasiones durante los últimos meses–, corresponde a los legisladores de la República proponer los profundos cambios y ajustes necesarios para que el país logre sortear un desastre económico planetario que –a pesar del desbordado optimismo oficial– no ha tocado fondo aún, y cuyos estragos, según han advertido distintos analistas, seguirán siendo padecidos por la mayoría de población, al menos durante la mayor parte del año entrante.

En ese sentido, el llamado de Calderón al diálogo con los institutos políticos plantea una gran oportunidad para inducir un golpe de timón en materia de política económica que permita derivar y repartir los costos de la crisis de manera justa y adecuada. Es necesario, en primer lugar, que el gobierno aplique las medidas de austeridad requeridas para reducir el gasto público, pero esto no puede ni debe hacerse en rubros como la política social, la educación y la salud, como propone, desde sus inercias ideológicas, el grupo que detenta el poder: por el contrario, tales restricciones deben aplicarse en los desproporcionados salarios y las prestaciones onerosas con que se regalan los funcionarios de los niveles superiores de la administración pública de los tres poderes. Es significativo, en este aspecto, que, según reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto programable de la Presidencia de la República registró un aumento de más de 300 por ciento por ciento entre 2008 y principios de 2009, al pasar de 102 a más de 430 millones de pesos.

Con respecto a la pretensión oficial de incrementar la recaudación –anunciada en días anteriores por el titular de SHCP, Agustín Carstens–, es pertinente reiterar que tales recursos deberán obtenerse, no del ensañamiento en contra de los contribuyentes cautivos, los trabajadores del sector informal y los desempleados, sino de una política fiscal justa y equitativa que incluya el cobro de impuestos a los dueños de las grandes fortunas y la eliminación de los insultantes exenciones que hoy gozan las operaciones bursátiles y los grandes conglomerados empresariales. No obstante, es claro que, en caso de concretarse, los efectos de una reforma fiscal se verán reflejados a mediano y largo plazos, y que en lo inmediato el gobierno tendrá que dedicar una considerable proporción de los recursos de que dispone para reactivar la economía y el mercado internos, para lo cual será necesario incurrir en un déficit público, aun en contra de lo que dicta la ortodoxia neoliberal.

Por lo demás, deberá evitarse que los recursos públicos se empleen en medidas de salvamento de entidades privadas y capitales internacionales: el rescate necesario debe ir dirigido a los pequeños deudores que se han visto afectados por las alzas en las tasas de interés, la inflación y la devaluación, a quienes hayan perdido su empleo en los últimos meses o lo vayan a perder en el futuro, a las pequeñas y medianas empresas –que son, cabe recordarlo, las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo en el país– y en general a los sectores que, sin culpa alguna, han sido víctimas de la actual crisis económica.

Las afectaciones económicas que se viven actualmente a escala nacional han sido profundizadas y agravadas en primer lugar por los encargados del manejo político y económico del país, quienes en su momento no pudieron o no quisieron ver la gravedad de los descalabros financieros planetarios y su potencial nocivo para nuestra economía. Es necesario, pues, que las autoridades concreten cuanto antes la aplicación de medidas que permitan salir de la nefasta preceptiva del llamado Consenso de Washington, la cual, en más de dos décadas de ser aplicada en México, ha potenciado la pobreza, la desigualdad y la marginación, y al día de hoy no tiene más receta que políticas de choque, por demás regresivas y antipopulares, que ahondan el sufrimiento de amplias franjas de la población y potencian el riesgo de que se configuren escenarios de violencia e ingobernabilidad.