Tegucigalpa, 17 de agosto. El Frente Nacional contra el Golpe de Estado volvió hoy a las calles de esta capital para exigir la vuelta del orden constitucional, a pesar de la amenaza del gobierno de facto de perseguir a los líderes de estas movilizaciones, a las que hoy se sumaron taxistas de todo el país que apoyan el retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya y el pago de subsidios al consumo de gasolina.

La manifestación antigolpista tuvo lugar este lunes después de un receso de dos días en las protestas, que hasta la semana pasada se habían llevado a cabo sin interrupción desde el 29 de junio, un día después de que Zelaya fue expulsado hacia Costa Rica en un avión oficial hondureño que hizo escala en la base militar de Palmerola, enclave militar establecido por Washington para dar apoyo logístico a los contrarrevolucionarios nicaragüenses en los 80.

Sobre lo sucedido el 28 de junio en Palmerola, oficialmente conocida como base aérea coronel José Enrique Soto Cano, un vocero del estadunidense Departamento de Estado, Philip Crowley, afirmó que el personal militar de su país no colaboró en la expulsión de Zelaya.

La escala en Palmerola

La afirmación ocurre un día después que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró que la escala en Palmerola fue para consultar a los estadunidenses.

Ahí aparecieron oficiales yanquis que discutieron con militares hondureños y la orden fue llevarlo a Costa Rica porque no sabían qué hacer con él, dijo Chávez.

También el presidente Daniel Ortega de Nicaragua –donde Zelaya ha fijado temporalmente su residencia– dijo el jueves que Estados Unidos colaboró en la expulsión hacia Costa Rica, cuyo mandatario, Óscar Arias, dice no haber sido notificado del ingreso del hondureño hasta que ya estaba en el aeropuerto de San José.

En el trazado de ruta que hay de los vuelos que salen de Honduras hacia la región, aparece que el avión en el cual fue expulsado Zelaya salió de la base de Palmerola, dijo Ortega.

El día de su expulsión, Zelaya informó haber sido trasladado al aeropuerto internacional de Tegucigalpa (Toncontín) y de ahí a una base militar. La base de Palmerola se encuentra en las inmediaciones de la ciudad de Comayagua, unos 70 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. El aeropuerto de San José, Costa Rica, se encuentra unos 800 kilómetros al sureste de la base de Palmerola.

Según Crowley, el personal militar no estuvo involucrado en el vuelo que transportó al presidente Zelaya a Costa Rica el 28 de junio. Los miembros de la Fuerza de Tarea Bravo no tenían conocimiento ni colaboraron en las decisiones sobre el aterrizaje, el cargamento de combustible o el despegue.

La base Soto Cano pertenece a Honduras. Está dirigida y es operada por la fuerza aérea hondureña, y ellos deciden sobre su uso, añadió Crowley.

Ahí están destacados unos 600 militares estadunidenses, entre ellos soldados, miembros de la fuerza aérea y marines, oficialmente ocupados en tareas de vigilancia antinarcóticos.

Tras la decisión del gobierno de Barack Obama de no reconocer al gobierno golpista hondureño, los militares en Soto Cano han cesado de colaborar en misiones conjuntas con los hondureños, informó Crowley, quien insistió en que el gobierno estadunidense no tenía ninguna información por adelantado de lo que ocurrió el día del golpe.

Crowley confirmó además que una delegación enviada por el gobierno del golpista Roberto Micheletti será recibida este martes por funcionarios del Departamento de Estado, por segunda ocasión en este mes.

La comisión se entrevistará con el secretario de Estado adjunto en funciones, Craig Kelly, quien según el vocero Crowley continuará animando a los representantes del gobierno de facto a aceptar las propuestas del mediador en la crisis política hondureña, el costarricense Óscar Arias.

En Tegucigalpa, mientras tanto, comenzó este lunes la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para dar seguimiento a las denuncias de violación a los derechos humanos en contra de opositores a la administración golpista.

A su llegada a la capital hondureña, la presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía, informó que la delegación no se entrevistará con representantes del gobierno de Micheletti, cuya membresía en la OEA fue suspendida días después del golpe, al tiempo que la nueva administración era desconocida por estados de todo el continente.

La delegación de la OEA permanecerá hasta el viernes en Honduras y ese día dará a conocer un informe preliminar sobre sus entrevistas con representantes de organizaciones sociales, que han denunciado las violaciones a derechos humanos, así como la muerte de cuatro personas durante las protestas antigolpistas.

El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado adelantó que entregará a la CIDH los casos de 24 personas detenidas por autoridades del gobierno de facto.

Un millar de personas integrantes del frente, que exige el restablecimiento del orden constitucional, marcharon hoy desde la Universidad Pedagógica Nacional hacia el palacio presidencial, pero el ejército cerró las calles de acceso a las instalaciones oficiales.

El pueblo consciente, está aquí presente, gritaron los antigolpistas, mientras que en otra zona de la ciudad, cientos de taxistas protestaron contra la suspensión de un bono de compensación por el alto costo de la gasolina.