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Niega PGJE que encarcele por abortar
 
Periódico La Jornada
Martes 18 de agosto de 2009, p. 29

León, Gto., 17 de agosto. La Procuraduría General de Justicia del estado se deslindó de los casos de mujeres que abortaron y fueron sentenciadas por homicidio en razón de parentesco, delito que se castiga hasta con 35 años de prisión. Quien emite la sentencia es el juez, dijo el titular de la dependencia, Carlos Zamarripa Aguirre.

En ocho años personal de la Secretaría de Salud de Guanajuato ha denunciado ante el Ministerio Público a 130 mujeres que abortaron; nueve fueron sentenciadas y 11 son procesadas, según la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez.

El gobierno de Guanajuato, encabezado por el panista Juan Manuel Oliva Ramírez, niega que haya mujeres encarceladas por abortar, pese a que la PGJE publicó el libro Algunas consideraciones al suicidio y formas de violencia intrafamiliar, que contiene testimonios de internas que se practicaron legrados y fueron sentenciadas por homicidio en razón de parentesco.

Juristas consultados dijeron que si las reclusas fueron sentencias antes del 26 de mayo pasado, cuando se publicó la reforma al artículo primero de la Constitución local, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción, se cometió una flagrante violación a la ley, pues no existía base jurídica, y si fueron a la cárcel después, se incumplieron normas federales por un mero criterio ideológico.

En el libro de la PGJE el antropólogo Gustavo Ibarra Irigoyen recoge las historias de Gabriela, de 20 años de edad, sentenciada a 25 de prisión por homicidio en razón de parentesco en agravio de su hija de siete meses de gestación, y de Raquel, de 21 años, a quien impusieron una pena de 26 años por abortar a su hija en proceso de gestación.

Luego de una reunión con empresarios, el procurador Zamarripa Aguirre dijo que sólo hay mujeres presas por matar a sus hijos, pero cuando se le mostró el libro, publicado durante la gestión de su antecesor, Daniel Chowell Arenas, respondió: Habrá que ver por qué se está sentenciando así, pues aborto y homicidio en razón de parentesco son figuras jurídicas distintas.