La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que los padres de 32 niños lesionados en el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, denunciaron que los afectados no están recibiendo la atención médica adecuada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que esa institución no se ha hecho cargo de los gastos generados por la atención y el traslado a Sacramento, California, de una menor que debió ser atendida en Estados Unidos.

La CNDH destacó que en sus quejas los padres de los lesionados señalan además que a las madres que laboran no se les otorgan las incapacidades respectivas, y que el IMSS no ha proporcionado los servicios ofrecidos de cuidados maternos.

La CNDH informó en un comunicado que en atención a esas quejas presentadas, solicitó a Daniel Karam, director del IMSS, que otorgue medidas cautelares de protección a los niños y sus familiares afectados por el incendio de la guardería subrogada –incidente por el que murieron 49 menores–, para que reciban efectivamente los cuidados que su situación requiere.

Este exhorto del organismo tiene lugar precisamente cuando la comisión investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –integrada por los magistrados Carlos Ronzón Sevilla y María del Rosario Mota Cienfuegos– inició oficialmente sus labores el 16 de este mes, fecha a partir de la cual contarán con 15 días para entregar a los ministros un protocolo de trabajo y, una vez aprobado éste, tendrán un plazo de seis meses para rendir su informe.

La CNDH precisó que mediante el oficio 36897 solicitó a Karam Toumeh que dicte instrucciones para que se proporcione a los menores lesionados por los hechos del pasado 5 de junio la atención médica que requieran hasta su total recuperación.

También, que el funcionario gire instrucciones para que se cumpla el acuerdo emitido el 10 de junio de 2009 por el consejo técnico del IMSS, en el que se autorizó, entre otros puntos, la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, sicológica y de rehabilitación necesaria a los menores lesionados, así como la ayuda a los padres o a quien ejerza la patria potestad de cada fallecido u hospitalizado.

En lo estipulado, destacó además, se contempla hacerse cargo de los costos asociados a los traslados de los padres cuyos hijos hubieran sido remitidos a otros centros médicos, su hospedaje y alimentación.

El organismo defensor de derechos humanos apuntó que las medidas cautelares se solicitaron por un término de 30 días, prorrogables por el tiempo necesario, y tienen fundamento en la Ley de la CNDH y su Reglamento interno.

Cabe destacar que el pasado 6 de este mes, el pleno de la SCJN determinó crear una comisión que investigue los actos de negligencia y omisión en que incurrieron autoridades federales, estatales y municipales, que derivaron en la muerte de 49 menores y lesiones de otros más.

La decisión de la Corte tuvo lugar luego de que la mayoría de los ministros despedazaron el proyecto de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en el que se proponía que el máximo tribunal del país no investigara el caso.

Los ministros se plantearon identificar a los funcionarios de los tres niveles de gobierno que hayan incurrido en responsabilidad, examinar la operación y funcionamiento de los servicios de guardería subrogados por el IMSS a particulares y la situación actual de este tipo de convenios vigentes, y revisar la forma en que el Estado cumple su obligación de garantizar ese servicio social.

El día que sesionó la SCJN, el juzgado primero de distrito en Sonora dictó auto de formal prisión en contra de cuatro socios de la guardería ABC –entre ellos Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala–, al considerar que son probables responsables de homicidio culposo de 49 niños que fallecieron tras el incendio, donde también resultaron lesionados más de 40 menores. Sin embargo, también se informó que ninguno de ellos pisaría la cárcel, debido a que contaban con suspensiones definitivas en vía de amparo.