A unos días de que Eduardo Bours deje la gubernatura de Sonora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la constitucionalidad del llamado Plan Sonora Proyecta, basado en la bursatilización de los ingresos públicos del estado, y que se distingue del esquema aplicado en otras entidades en que el modelo sonorense no reconoce como deuda pública la bursatilización de los ingresos fiscales empeñados a futuro, lo que afecta la fiscalización de esos recursos.

Trascendió que la mayoría de ministros se inclina por declarar la inconstitucionalidad de las reformas impulsadas por el mandatario de Sonora. Se espera que la discusión de esta acción de inconstitucionalidad, cuyo proyecto fue elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, se inicie esta semana.

Los legisladores locales impugnaron el esquema de bursatilización creado por el gobierno de Bours, que se basa en diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; Ley de Acceso a la Información Pública estatal; Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública estatal; Ley de Deuda Pública, y Código Fiscal.

Asimismo cuestionan este esquema, que crea un fideicomiso en el que no se considera deuda pública las obligaciones que contrae el gobierno estatal, lo que según los demandantes elude los controles contables y políticos de la deuda pública.

Los quejosos afirman que el esquema financiero del gobierno de Bours es inconstitucional porque deja sin efecto las facultades que tiene el Congreso local para el control y destino del gasto público, además de que no respeta la división de poderes, es decir, con el nuevo esquema el Ejecutivo local invadió las atribuciones de los legisladores.

Además, las nuevas disposiciones permiten enajenar los bienes del dominio público a futuro, lo cual es considerado inconstitucional por los demandantes.

Por si fuera poco, los legisladores cuestionan –y el proyecto apoya esta postura– que los fideicomisos creados con recursos públicos se conviertan en entes autónomos fuera del control de fiscalización previsto en la Constitución local.

Trascendió que entre los ministros se perfila una mayoría que considera que la bursatilización aprobada por la legislación sonorense es inconstitucional porque permite al gobierno estatal contraer deuda transexenal y comprometer los recursos. Esto, porque la Constitución señala que el Congreso local es el que aprueba anualmente la contratación de deuda y el destino de los recursos recaudados cada año en la entidad.

Cabe señalar que ese esquema sonorense permite enajenar a futuro los derechos en el cobro de impuestos y, en este sentido, la demanda afirma que la disposición es ilegítima, ya que el cobro de impuestos no puede ser comprometido a futuro.

De acuerdo con análisis que han realizado los ministros de la Corte sobre la bursatilización de la deuda de entidades como Zacatecas, Veracruz, Aguascalientes, estado de México y Distrito Federal, la diferencia con el modelo Bours consiste en que en dichas entidades la deuda contraída sí es considerada pública y por tanto fiscalizable.

En términos generales, el Plan Sonora Proyecta está impugnado en su totalidad. Fue considerado uno de los proyectos más ambiciosos de Eduardo Bours, quien está a unos días de dejar el cargo.