En un nuevo episodio de la batalla jurídica sobre el caso Acteal, iniciada en enero de 2007 por abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el magistrado federal Homero Ruiz Velázquez, del primer tribunal unitario penal con sede en Chiapas, admitió la tramitación de un recurso de reconocimiento de inocencia solicitada a favor de los 20 indígenas que el pasado miércoles fueron amparados y liberados durante las primeras horas del siguiente día por orden de cuatro ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó ayer una fuente de ese tribunal federal.

La petición de la defensa legal de los 20 tzotziles (entre los que se encuentra Lorenzo Pérez Vázquez, uno de los cinco asesinos confesos) plantea que a partir de la resolución de la Corte, de que diversas autoridades ministeriales y judiciales les fabricaron pruebas y testimonios a los acusados de la matanza de 45 indígenas en Acteal (ocurrida el 22 de diciembre de 1997), es materia obligada para el tribunal unitario de circuito entrar al análisis sobre la presunción de inocencia de los amparados.

La primera sala de la Corte estaba impedida legalmente para entrar al análisis sobre la inocencia o culpabilidad de los acusados de la matanza, pues eso es facultad exclusiva de los magistrados colegiados y unitarios (ellos encabezan órganos jurisdiccionales habilitados como tribunales de apelación, en los que deben determinar si hay plena responsabilidad de un inculpado dentro de un juicio penal), indicaron las fuentes consultadas.

Añadieron que si el magistrado resuelve a favor de la plena inocencia de los 20 indígenas recién liberados, la sentencia tendrá alcances de cosa juzgada, por lo que estos acusados ya no podrían volver a ser procesados por los mismos hechos.

Además, en caso de que el magistrado Ruiz Velázquez dé la razón a los abogados del CIDE (fue este juzgador quien en su momento emitió condenas de entre 20 y 40 años de cárcel en contra de unos 80 indígenas), quedará un precedente jurídico del que podrán valerse otros 30 tzotziles que están a la espera de que la Corte determine si también les concede amparos.

La resolución definitiva dependerá de la cantidad de trabajo con que cuente el juzgador, aunque comúnmente este tipo de fallos se emiten en uno o dos meses. El pasado miércoles, minutos después de que la Suprema Corte de Justicia concluyó la sesión en la que decidió amparar a 26 acusados de la matanza de Acteal, Javier Cruz Angulo, abogado del CIDE que encabezó la defensa de los tzotziles, adelantó que promovería un reconocimiento de inocencia en favor de sus defendidos.