urante el pasado fin de semana los cadáveres de cuatro mujeres fueron encontrados en distintos puntos de Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que el número de feminicidios cometidos en esa ciudad fronteriza asciende a 62 en lo que va del año, es decir, prácticamente una víctima cada cuatro días.

Estas cifras ponen en perspectiva la continuidad ominosa y alarmante de crímenes que hasta hace poco menos de una década generaron escándalo e indignación mundial y que hoy han sido eclipsados por los elevados niveles de violencia ligada al narcotráfico que se viven en Ciudad Juárez, sitio en donde diariamente se registra un abultado número de ejecuciones.

Ciertamente la persistencia de los feminicidios en Ciudad Juárez es un problema que se explica, en buena medida, por la indolencia e inoperancia de gobiernos federales y estatales anteriores, que en su momento minimizaron los indicios de violencia contra las mujeres detectados en esa localidad fronteriza y ayudaron con ello a la configuración de un manto de impunidad: como botones de muestra de tal actitud, deben recordarse los señalamientos del entonces gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio –hoy embajador de México en Canadá–, quien calificó a este fenómeno de normal, e incluso llegó a señalar que las víctimas llevaban una doble vida.

A las autoridades actuales, por su parte, les corresponden cuotas adicionales de responsabilidad, pues no han podido esclarecer a cabalidad estos crímenes ni evitar que se repitan; en cambio, se han involucrado en una estrategia de seguridad que no sólo no ha reducido la actividad de los cárteles de la droga en la localidad fronteriza –indicio de ello es el hecho de que el reciente envío a Ciudad Juárez de millares de elementos castrenses no haya podido contener los escenarios de violencia que suelen protagonizar las bandas de narcotraficantes–, sino que ha tenido, como efecto contraproducente, el olvido y la distracción oficiales respecto de manifestaciones criminales distintas del narcotráfico, como es el caso de los feminicidios.

De tal forma, el país ha asistido durante los pasados 30 meses al fracaso de una estrategia que no sólo no reduce la violencia, sino que la ha extendido y ha hecho que las autoridades se desentiendan de expresiones de descomposición social tanto o más graves que el narcotráfico.

La lógica simplista y militarista en que se encuentra basada la actual política de seguridad impide al gobierno ver y atender los rezagos sociales, económicos e institucionales que se encuentran en la base de la criminalidad organizada y que constituyen sus causas originarias.

Todo lo anterior conduce a una conclusión obligada: aun en el caso de que se llegase a derrotar a los cárteles de la droga –lo cual es bastante dudoso, dados los resultados obtenidos hasta ahora– prevalecerá en amplias franjas del territorio nacional un entramado social desgarrado que servirá de caldo de cultivo para el surgimiento de nuevas expresiones delictivas, o bien para el recrudecimiento de aquellas que, como los asesinatos de mujeres en Juárez, nunca desaparecieron del panorama nacional, si bien pasaron a un plano secundario en la visión oficial.

Resulta impostergable, en suma, que como en tantos otros ámbitos del quehacer gubernamental, el calderonismo avance y promueva a escala nacional un cambio de rumbo en materia de seguridad que le permita comprender de manera integral las distintas expresiones de la delincuencia y esclarecer crímenes que, como los ocurridos en Ciudad Juárez, podrán haber desaparecido de las prioridades gubernamentales, pero de ninguna manera han sido borrados de la memoria de los familiares de las víctimas y del conjunto de la sociedad.