Kabul, 16 de agosto. El gobierno del presidente afgano, Hamid Karzai, aseguró hoy que abatió a 30 talibanes, a cuatro días de las elecciones presidenciales y provinciales, comicios que los insurgentes amenazaron con sabotear atacando las oficinas de votación.

El general Mohamad Zahir Azimi, vocero gubernamental, declaró: “más de 30 terroristas murieron, entre ellos 10 extranjeros, durante la operación Tandar 5, en la provincia de Jost, lanzada para garantizar la seguridad en las elecciones del jueves próximo”.

Las fuerzas de seguridad bombardearon refugios talibanes y los enemigos, incapaces de resistir, prefirieron huir, añadió Azimi.

En panfletos, los insurgentes pidieron a los habitantes no participar en las elecciones para no convertirse en víctimas de nuestras operaciones, porque vamos a emplear nuevas tácticas, según una de las octavillas distribuidas en Kandahar, uno de sus bastiones que se ubica en el sur del país.

En el volante –firmado por el mullah Ghulam Haidar, jefe de operaciones del talibán– se afirma que los electores serán considerados aliados del gobierno y enemigos del Islam.

Las advertencias generaron inquietud porque el índice de abstencionismo, por miedo a los atentados, sea tan elevado que reste legitimidad a los resultados.

Numerosas asociaciones y organizaciones no gubernamentales emprendieron una campaña para alentar a unas 5 millones de mujeres, de los 17 millones de inscritos en el padrón electoral, a que vayan a sufragar.

Se espera que las mujeres en las grandes ciudades acudan en masa a las oficinas electorales. Sin embargo, en las provincias no se vivirá la misma situación, ya que la mayoría vive sometida al yugo de la tradición y el amago de los talibanes.

Algunas candidatas a consejeras provinciales recibieron amenazas de muerte. Además, la escasez de mujeres en la organización de los comicios amenaza con minar la legitimidad de éstos, indicaron algunos analistas.

Esto se suma a una controvertida ley que firmó Karzai sobre el estatuto de las mujeres de minoría chiíta, la cual estipula que pueden ser privadas de alimentos si se niegan a tener relaciones sexuales con sus maridos, denunció el sábado pasado Human Rights Watch.