El Observatorio Eclesial demandó al gobierno federal la revisión y esclarecimiento del inusual proceso de liberación de 20 autores materiales de la matanza de Acteal, Chiapas; el fincamiento de responsabilidades a quienes resulten involucrados y que se aplique la acción de la justicia a todos los responsables materiales e intelectuales de la muerte de 45 indígenas en 2007.

El observatorio, que agrupa a organizaciones y centros de inspiración cristiana, urgió a que se ponga alto total a la impunidad en el país y exigió la puesta en marcha de medidas de seguridad para resguardar la integridad física de las y los sobrevivientes de la masacre de Acteal, así como de la organización civil Las Abejas.

En un pronunciamiento firmado también por personalidades como el obispo emérito Samuel Ruiz y la senadora Rosario Ibarra, entre otros, y decenas de organizaciones sociales, manifestaron estar plenamente conscientes que (el fallo judicial) no se trata de un hecho aislado ni casual, sino plenamente diseñado y ejecutado.

Consideraron que el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá terribles consecuencias para lo que está constituyéndose como un camino seguro hacia la aniquilación del Estado de derecho, operado por el mismo gobierno, en colusión con los poderes fácticos del sector empresarial y de las organizaciones criminales.

Al externar su profunda indignación por la resolución de los ministros del máximo tribunal del país, los firmantes denunciaron que al dejarse en libertad a 20 autores materiales de los hechos de Acteal también se deja impune el caso, se pone en peligro nuevamente a los sobrevivientes y comunidades autónomas de la región y se deja carta abierta al paramilitarismo para actuar ahora bajo la protección del sistema de justicia.

En su escrito, la organización no gubernamental, que promueve el respeto y defensa de los derechos humanos, denunció que la Suprema Corte no priorizó en su fallo los intereses de las comunidades indígenas, sino de sectores privados y empresariales, pues queda cada vez más clara la intención del Estado por generar nuevos desplazamientos para dejar las tierras en manos de las trasnacionales.

Además de la gravedad jurídica y social que implica el respaldo y exculpación que la SCJN está dando a crímenes cometidos no sólo por militares, valiéndose de su fuero, sino ahora también por grupos paramilitares, legalizando la impunidad.

Se trata, acusó la organización, de una campaña para borrar de la memoria histórica de nuestra nación, el crimen de Estado cometido en Acteal, incluyendo para ello, agregó, un uso faccioso de la información, y valiéndose de la influencia de medios privados de comunicación y de investigación.