l dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, advirtió el pasado viernes que, por medio de su bancada en San Lázaro, impulsará la renovación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a efecto de colocar al frente de esa instancia –dependiente de la Cámara de Diputados– a una persona que reúna los atributos suficientes de honorabilidad, confiabilidad y profesionalismo para desarrollar esa tarea.

Con estas declaraciones, el panista pretendió descalificar la gestión del actual auditor federal, Arturo González de Aragón, un funcionario que no sólo ha mostrado, en el tiempo que lleva en el cargo, una actitud honorable, profesional e imparcial –por ponerlo en palabras del propio Nava–, sino que ha exhibido una saludable independencia con respecto al poder.

No puede pasarse por alto que este intento de remoción por parte del partido gobernante tiene como antecedentes los señalamientos realizados por el auditor federal en torno a los desmanes presupuestarios realizados durante las dos últimas administraciones. Entre otras cosas, la ASF ha exhibido la manifiesta incapacidad de la gestión encabezada por Vicente Fox, cuyo gobierno dispuso –según consta en los informes elaborados por el auditor federal– de una cifra histórica de recursos públicos que fueron a dar, sin embargo, a un agujero de turbiedad, dispendio y presumible corrupción.

En lo que se refiere al actual sexenio, la ASF ha documentado irregularidades por más de 60 mil millones de pesos durante 2007 –primer año de ejercicio presupuestario del calderonismo–, un monto que representa casi el doble del registrado durante el último año del foxismo, y ha formulado señalamientos en torno a la contabilidad mañosa practicada por el presente gobierno, que le permite realizar un manejo discrecional y poco escrupuloso de los recursos públicos puestos a su disposición.

Es decir, el trabajo realizado por el actual auditor federal ha sacado a la luz elementos que documentan y confirman sospechas de viejo cuño y ha puesto en evidencia uno de los muchos hilos de continuidad entre las presidencias priístas y panistas: el de la opacidad en el manejo del dinero público. Puede inferirse, por tanto, que la actual pretensión de renovar la ASF no obedece a una voluntad por volverla más transparente e imparcial, como señaló Nava, sino por restarle autonomía, uncirla a los designios oficiales y deshacerse de un funcionario cuyo desempeño ha resultado incómodo para los gobiernos federales albiazules.

En ese sentido, el anuncio de la dirigencia del PAN no sólo es preocupante porque pone en perspectiva la intención de ese instituto político –convertido cada vez más en apéndice de la Presidencia de la República– por dar continuidad a la turbiedad emblemática de las últimas administraciones, sino porque con él se envía, además, una advertencia de represalia a otros organismos que pudieran mostrarse insumisos con respecto al poder. Lo anterior, por supuesto, sienta un precedente nefasto para la vigencia democrática en el país, uno de cuyos elementos principales es, justamente, la existencia de contrapesos y de mecanismos de fiscalización que permitan introducir racionalidad y equilibrio en el ejercicio del poder político, funciones que, en lo general, han sido bien desempeñadas por la ASF durante la gestión de González de Aragón.

Por fortuna, el descalabro electoral sufrido por el PAN en los comicios de julio pasado le impedirá contar con la fuerza legislativa suficiente para consumar, por sí mismo, la remoción del mencionado funcionario. Pero es claro que, a poco menos de que se cumpla una década de la alternancia de siglas y colores en la Presidencia de la República, el blanquiazul manifiesta resistencias a los avances y signos democráticos, muy similares a las que mostraron en su momento las administraciones priístas de antaño.