Mazatlán, Sin., 15 de agosto. Los comuneros de los seis pueblos de Mazatlán y La Concordia afectados y desalojados por la construcción de la presa Picachos, se manifestaron este sábado en las calles de este puerto para exigir al gobierno del estado cumplir sus demandas de viviendas dignas y el pago de indemnizaciones por sus terrenos, la construcción de vías que comuniquen las nuevas poblaciones, así como entablar negociaciones con el gobernador priísta Jesús Aguilar Padilla.

A la marcha acudieron cerca de 3 mil personas, entre comuneros, estudiantes universitarios, representantes de La otra campaña en esta región de la entidad y sociedad en general, cuyo recorrido inició en el acuario de ese centro turístico y terminó en la alcaldía –que estuvo cercada por agentes municipales–, donde los afectados tienen un plantón desde el pasado 13 de julio.

Octavio Atilano Román Tirado, uno de los líderes de los comuneros afectados, advirtió que no abandonarán el plantón si no hay diálogo con el gobernador del estado y que las autoridades asuman en la práctica los compromisos que les han exigido. Asimismo, informó que el mandatario sinaloense ya se puso en contacto con ellos y los recibirá la próxima semana para revisar su pliego de demandas.

Pedro Brito Osuna, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa y único orador en este acto, reclamó a los gobiernos federal, estatal y municipal la falta de apoyo a los afectados por la construcción de la presa Picachos, pues optaron por la destrucción de las comunidades para anteponer el progreso.

En entrevista, la diputada local perredista Graciela Domínguez Nava, quien ha fungido como intermediaria entre los comuneros y el gobierno de Sinaloa, dijo que la situación que enfrentan no avanza, como lo han informado funcionarios estatales, ya que las nuevas poblaciones todavía no cuentan con red de agua potable y el líquido es abastecido con pipas; sin embargo, es insuficiente.

Antes de la marcha, Román Tirado manifestó: los afectados estamos convencidos y seguros que el gobierno no licitó la construcción de las casas y las autoridades han incurrido en irregularidades y violentado la ley de adquisiciones y obras públicas.

Recordó que el pasado viernes, Gustavo Guerrero Ramos, director de Proyectos Estratégicos de la administración estatal, reconoció que no se licitó la construcción de 732 viviendas, contrario a lo que estipula la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas respecto a que toda compra mayor a 2 millones de pesos debe someterse a concurso; también señaló que a iniciativa del Ejecutivo estatal se les otorgaron las viviendas, y no era obligación del gobierno incluirlas en las indemnizaciones.

Por su parte, Ramón Lucas, secretario general del PRD en el estado, informó que el pasado 8 de agosto, representantes de dicho partido firmaron un acuerdo para apoyar el movimiento de los comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos, para solicitándoles a sus correligionarios en la Cámara de Diputados y en el Senado que expongan la situación en sus respectivas tribunas y promuevan la solicitud de una investigación financiera y jurídica de los trabajos construcción de la presa y de las viviendas entregadas a las familias de los seis nuevos pueblos.