No obstante que el Estado mexicano ha reconocido la pluriculturalidad del país y los derechos de los pueblos indígenas mediante la reforma al artículo segundo de la Constitución de 2001, y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre comunidades originarias y tribales, la situación de pobreza, desigualdad y marginación en la que se encuentran éstas se ha agravado de manera alarmante, advierte el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos (OPSDH).

El organismo señaló que en México los pueblos autóctonos representan alrededor de 10 por ciento de la población total, hablan 68 lenguas nativas, más sus 364 variantes, y se concentran básicamente en ocho entidades: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, estado de México, Puebla, Hidalgo y Guerrero.

Indicó que de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los municipios donde los índices de educación, salud e ingreso por familia son los más bajos del país se concentran en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En este último se localiza el municipio con menor desarrollo humano del país, Cochoapa El Grande, y Chiapas está en el segundo lugar de pobreza.

A escala nacional, el ejercicio de los derechos básicos no está plenamente garantizado a la población indígena. En materia de educación, de las 6 millones 255 mil 35 personas en edad escolar, un millón 161 mil 64 (22.9 por ciento) tiene la primaria terminada y 967 mil 399 (18.6 por ciento) han concluido la secundaria.

Según cifras oficiales, 56 por ciento de los niños indígenas del país padece desnutrición y al menos 690 mil menores de cuatro años presentan graves problemas de desnutrición y estatura. La mortalidad infantil es mucho más frecuente en niños indígenas que en la población infantil promedio del país, señala el observatorio.

La realidad de pobreza que evidencian las cifras anteriores, dice, nos lleva a cuestionarnos por qué si, según el gobierno federal, uno de los objetivos de su mandato es orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicos para alcanzar el desarrollo integral y sustentable de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, las medidas implementadas por el Estado no han sido suficientes para abatir la pobreza y garantizar los derechos básicos de las personas y las comunidades indígenas.

Una de las limitaciones principales y cuestiones pendientes que ha sido determinante para agravar la condición de los pueblos indígenas es la negación, por parte del Estado, a reconocer en la Constitución los derechos de los pueblos indígenas tal y como se enmarcan en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas, resalta un análisis de ese observatorio.

Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) recordó que como pueblos no han sido reconocidos constitucionalmente los derechos a sus tierras ancestrales y a los recursos naturales, o son ignorados o aplicados de un modo que no se respetan de forma adecuada sus tradiciones culturales.

Destaca que la extracción de recursos, la explotación agrícola y maderera y otros proyectos de desarrollo en tierras indígenas se acompañan a menudo de actos de acoso y violencia, pues intereses privados y poderosas empresas incumplen las leyes nacionales e internacionales en su deseo de obtener beneficios.

Frente a este legado de atroces violaciones de derechos humanos, los pueblos indígenas de la región se movilizan para hacer oír su voz. Su lucha contra la discriminación; por su derecho a recuperar sus tierras, al territorio y a ser consultados de manera libre, previa e informada sobre las decisiones que los afectan y a participar en las decisiones y los beneficios de la explotación de los recursos naturales de sus territorios ancestrales.

Lamentablemente, denuncia AI, estas legítimas luchas por sus derechos son muchas veces violentamente reprimidas por los Estados, que deberían garantizar dichos derechos, y sus líderes muchas veces criminalizados. Este ciclo persistente de discriminación y exclusión social está arraigado en las sociedades y contribuye a que los responsables rara vez rindan cuenta por las violaciones a los derechos humanos de los pueblos índígenas americanos.