La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) sostuvo que la excesiva regulación para abrir nuevas empresas, así como la existencia de procedimientos y trámites inadecuados son un lastre para la competitividad, la inversión, la producción y el empleo en el sector formal de la economía, además de que colocan en desventaja a los micro y pequeños negocios frente a los medianos y grandes.

En su publicación Pulso industrial el organismo empresarial precisó que aún cuando se han observado avances, como el Sistema de Apertura Rápida de Empresas anunciado recientemente, a nivel estatal y municipal queda mucho por hacer. Si no renovamos el esfuerzo reformador en la materia, difícilmente alcanzaremos un crecimiento económico sostenido, señaló.

Informó que de acuerdo con un estudio del Banco Mundial, denominado Doing Business 2009, en el que se analizaron las facilidades que 181 países ofrecen para hacer negocios, México se ubicó en el lugar número 56, mientras el año pasado estaba en el sitio 42 de 178, por lo que se perdieron 14 posiciones.

El análisis, señaló la Concamin, pone de manifiesto que otros países han realizado un mejor y más intenso trabajo en la materia, lo que limita en México la capacidad para atraer inversiones foráneas y aprovechar el talento empresarial, además de que las empresas nacionales operan en desventaja frente a competidores extranjeros, debido al número de trámites, al costo de los mismos y al tiempo de respuesta.

Agregó que esta situación coloca a los negocios micro y pequeños en franca desventaja respecto a los medianos y grandes, debido a que el costo de un trámite o del total de trámites a cumplir para operar en el sector formal pesa más en el ingreso y utilidades de los primeros, que en las unidades de mayor tamaño.

El organismo empresarial sostuvo que tal situación hace más atractiva la operación de las empresas en la informalidad.

Ante este panorama, explicó para resolver buena parte de estos temas no hacen falta reformas constitucionales que impliquen procesos caros y complejos de negociación en el Congreso, sino voluntad y responsabilidad en los tres niveles de gobierno, así como un programa para modernizar el entramado regulatorio.

En ese sentido propuso, entre otros puntos, favorecer la reactivación económica disminuyendo o eliminando aquellos costos que impactan la competitividad del sector formal y afectan la actividad de las empresas, en especial las de menor tamaño, así como consolidar la simplificación administrativa y la desregulación a escala estatal y municipal, en áreas como la apertura de negocios, el registro de propiedades, el comercio transfronterizo, el pago de impuestos, la protección de los inversionistas y los permisos de construcción.

Señaló que los titulares de dependencias y entidades gubernamentales podrían proceder inmediatamente, por disposición y resolución, para simplificar aquellos trámites y procedimientos administrativos que no impliquen modificar leyes locales, reglamentos u otras disposiciones jurídicas o, en su defecto, establecer un programa de trabajo con objetivos precisos y plazos perentorios.