La lucha contra el crimen organizado no justifica aplicar un régimen de excepción que conculque garantías y soslaye el respeto a los derechos humanos; tampoco otorga a las fuerzas armadas una carta de impunidad en aras de apuntalar la estrategia presidencial de combate al narcotráfico, sostuvo Guillermo Zepeda Lecuona, integrante del Centro para la Investigación y el Desarrollo AC y experto en temas de seguridad nacional.

El investigador añadió que la determinación del influyente senador estadunidense Patrick Leahy de retrasar los fondos de la Iniciativa Mérida hasta que se emita un informe sobre las condiciones reales de los derechos humanos en México, debe abrir los ojos al gobierno de Felipe Calderón de que su estrategia antidrogas es errática, por lo que se debe regresar a los soldados a sus cuarteles.

Los militares, a cambio de participar en la lucha antidrogas, están en la práctica gozando de un ámbito de inmunidad, o atienden a cuestiones y justificaciones dentro del fuero militar, cuando éste se debe restringir a infracciones propias del servicio de las armas y entre oficiales, y no cuando afecten a civiles, pues en esos casos tendrían que ser juzgados por la justicia ordinaria, indicó.

En entrevista con La Jornada, el académico resaltó que el gobierno de Felipe Calderón, con el aval del Congreso, que aprobó hace un año la reforma constitucional en materia de justicia penal, ha dado vida a un régimen de excepción, que restringe garantías de los acusados por delincuencia organizada, aun cuando no exista sentencia definitiva contra un inculpado.

Hoy en día hay una desnaturalización de las fuerzas armadas, pues se metieron de lleno, por orden presidencial, en el ámbito de la seguridad pública, incluso sustituyendo a las policías municipales en su cooperación más ordinaria, que es la de patrullaje y, sin embargo, a tres años de que se intensificó la militarización de la seguridad pública, no se cuenta con una alternativa, que es fortalecer a las policías, destacó Zepeda.