Amnistía Internacional (AI) solicitó ayer al Congreso estadunidense que honre su compromiso y retenga 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida hasta que el gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Claramente, México no está cumpliendo con las condiciones establecidas para que proceda la transferencia, en virtud de que no se ha llevado ante la justicia a los responsables de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas de seguridad y militares, destaca Susan Lee, directora para las Américas de esta organización.

AI subraya que el gobierno mexicano no ha logrado un progreso suficiente en la investigación y procesamiento de los abusos a los derechos humanos, y destaca que desde 2006 a la fecha la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 2 mil 200 denuncias de violaciones a las garantías individuales –incluyendo desapariciones forzadas, asesinatos y tortura–, presuntamente cometidos por el Ejército Mexicano.

Agrega que sólo el año pasado se reportaron mil 230 casos de violaciones a las garantías cometidas por militares, lo que representa un aumento de más de 600 por ciento desde 2006, y como las víctimas y sus familias en general no denuncian por temor a las represalias, se cree que el número real de atropellos es aún mayor.

Refiere que al dar dinero y equipo al Ejército Mexicano, sin controles adecuados sobre su uso, se corre el riesgo de contribuir a que aumenten los abusos de derechos humanos, sostuvo Susan Lee. Añade que la asistencia debería enfocarse en prevenir abusos, mejorar las investigaciones y aplicar la justicia.

El reporte

El llamado de AI ocurre cuando el Departamento de Estado estadunidense debe entregar un reporte al Congreso sobre el cumplimiento de México de los requisitos de derechos humanos de la Iniciativa Mérida, para adoptar una decisión final sobre la cantidad de fondos a transferir.

Susan Lee comunica al Congreso estadunidense que no se ha logrado que los militares y policías que violan los derechos humanos sean sancionados, y entre esos casos se encuentra el de Saúl Becerra, cuyo cuerpo, señala, se encontró en marzo de este año: estaba reportado como desaparecido desde que cuatro soldados lo detuvieron el 21 de octubre de 2008, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Otro caso que cita es el de Carlos Guzmán Zúñiga y José Luis Guzmán Zúñiga, de quienes se desconoce su paradero desde que fueron detenidos por una operación conjunta entre el Ejército y la policía en Ciudad Juárez, en noviembre de 2008. Las autoridades niegan haberlos detenido y no están investigando el caso.

Agrega que, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, sólo 65 miembros del Ejército Mexicano han sido procesados administrativa y penalmente en la jurisdicción militar en los tres años recientes, y no hay información sobre cuántos fueron condenados. Sistemáticamente, estas cortes no han llevado ante la justicia a los militares responsables de violaciones graves a los derechos humanos, puntualiza.

La directora para las Américas de AI recuerda que el Congreso estadunidense solicitó información sobre la investigación del asesinato del periodista Brad Will, el 27 de octubre de 2006. Ese caso aún no ha sido aclarado de manera satisfactoria, afirma.