ras el fracaso de la mediación ensayada por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, en la crisis política hondureña, desatada por los golpistas que el pasado 28 de junio se hicieron con el poder en Honduras e impusieron un régimen ilegítimo, la diplomacia internacional llegó a un nuevo callejón sin salida: los usurpadores rechazaron la propuesta de permitir el retorno al cargo del mandatario depuesto, Manuel Zelaya, para dar margen a la formación de un gobierno de unidad nacional.

Como pudo verse, las posturas de quienes apostaron a dar un cierto reconocimiento al gobierno espurio que encabeza Roberto Micheletti, así fuera para dialogar sobre el necesario restablecimiento del orden constitucional, no sólo resultaron inútiles sino también contraproducentes: los encuentros y las mediaciones han dado a los golpistas cobertura y márgenes de maniobra para consolidar una aventura regresiva, represiva, antidemocrática e inaceptable, y con ello, han permitido que se siente un precedente nefasto que amenaza a la institucionalidad y al estado de derecho en el resto de Latinoamérica.

No debe omitirse que la debilidad principal en la campaña internacional para restituir la presidencia constitucional ha sido la actitud poco firme de Washington frente a los protagonistas de la asonada militar, actitud que refleja, a su vez, las contradicciones y los disensos que tienen lugar en el seno de la administración encabezada por Barack Obama. En los días transcurridos desde la irrupción castrense en la residencia presidencial de Tegucigalpa, se ha hecho evidente que el mandatario estadunidense dista mucho de contar con la disciplina y la lealtad de todos sus colaboradores; que entre él y su secretaria de Estado, Hillary Clinton, persisten serias diferencias en materia de política exterior; que hay estamentos militares y de la llamada comunidad de inteligencia que no ven con malos ojos la aventura de los golpistas hondureños, y que todos estos factores han aportado oxígeno, tiempo y margen de maniobra al régimen espurio de la nación centroamericana.

La más reciente toma de posición de Washington en el sentido de que los hondureños deben encontrar una solución para su país constituye un sofisma disfrazado de no intervención, habida cuenta que Estados Unidos ha sido, por décadas (y lo sigue siendo), el soporte fundamental de las instituciones castrenses que a finales del mes pasado desconocieron a su comandante constitucional; además de que la oligarquía empresarial que promovió y respaldó la asonada ha sido tradicional protegida y aliada de la Casa Blanca en la región.

En tal circunstancia, el llamado de Zelaya a organizar la resistencia civil contra el golpe y su anuncio de que intentará de nuevo ingresar a su país, así como los manifiestos emitidos por las organizaciones populares que rechazan a los golpistas, confirman que en los próximos días el destino de la democracia en la nación centroamericana dependerá, en primera instancia, de la capacidad de la sociedad de movilizarse en su defensa.

Corresponde a la comunidad internacional, especialmente a la latinoamericana, y tanto a los pueblos como a los gobiernos, otorgar una solidaridad plena y total a las luchas que los hondureños lleven a cabo, porque en ellas no sólo se defiende el estado de derecho y la legalidad en su país, sino también la viabilidad de las instituciones democráticas de toda la región.