Los miembros de la desintegrada comisión de mediación entre el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal aseguraron que no se reintegrarán a la tarea que tenían encomendada en ese caso, pues no se ve un solo indicio de que haya cambiado la actitud de la parte gubernamental que llevó a su disolución.

En un documento de siete cuartillas presentado ayer a la opinión pública, los miembros de la comisión –Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García– consideraron que no desean contribuir a generar falsas expectativas ni a avalar actitudes displicentes, por decir lo menos, de quienes tienen el deber de respetar los derechos humanos en el país.

Luego de valorar los llamados que han hecho las partes para que reinicien la mediación, esa instancia dejó en claro que “los motivos y condiciones que llevaron a la disolución de la comisión mediadora no sólo subsisten, sino incluso se han agravado ante la manifiesta carencia de voluntad política del gobierno mexicano para aceptar su responsabilidad, particularmente de sus fuerzas armadas, en la comisión de crímenes de lesa humanidad en la guerra sucia de los 60, y en el presente, en el que continúa la práctica de las desapariciones forzadas por parte del Ejército y otros cuerpos policiacos”.

Incluso, en su texto, los ex integrantes de la comisión mediadora resaltan que con base en la Ley Federal de Transparencia solicitarán en fechas próximas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y a la Procuraduría General de la República (PGR) toda la información que tengan sobre la desaparición forzada de los militantes del EPR Edmundo Reyes y Gabriela Alberto Cruz.

Aunado a ello, resaltaron que enviarán una copia de todo el expediente de la labor de la comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que lo tome en cuenta en sus deliberaciones sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla, dirigente regional de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y que lo mismo se hará con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas.

Finalmente, exhortan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se limite estrictamente a lo que indica el artículo 13 constitucional cuando resuelva los alcances del fuero de guerra.