Al concluir este fin de semana el simposio nacional sobre la reforma constitucional en materia penal propuesta por el presidente Felipe Calderón, juzgadores federales, abogados y criminólogos que participaron en ese cónclave privado criticaron el abuso de la figura de los testigos protegidos, el uso indiscriminado de militares infiltrados en el narco, así como la Ley de Extinción de Dominio, que permitirá al Estado apropiarse de casas, fincas y departamentos rentados a miembros de la delincuencia organizada, incluso cuando aún no se emita sentencia condenatoria firme contra el arrendatario del inmueble.

Los participantes emitieron un cuaderno de consideraciones al nuevo sistema de justicia penal que entró en vigor en julio de 2008 y tiene de plazo hasta 2016 para su implementación total.

Estas críticas a la reforma penal serán añadidas al libro de conclusiones del Congreso Nacional de Juzgadores del Poder Judicial Federal (PJF) sobre la reforma constitucional en materia penal, el cual deriva de las reuniones efectuadas en años anteriores por jueces, magistrados y ministros en hoteles de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; de Monterrey, Nuevo León, y de Santa Fe, en la ciudad de México.  

De acuerdo con magistrados y jueces consultados que participaron en el encuentro y pidieron el anonimato –todas las ponencias se efectuaron a puerta cerrada en un salón de un hotel de Juriquilla, Querétaro, mientras que la oficina de comunicación social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación impidió a reporteros de medios informativos privados acceder a las mesas de trabajo–, el punto de esta reforma que suscitó mayores cuestionamientos de los ponentes fue el de delincuencia organizada.

Los magistrados y juristas que hablaron al respecto cuestionaron fundamentalmente el abuso de la Procuraduría General de la República (PGR) de los llamados testigos protegidos o colaboradores.

Algunas voces críticas dijeron que en los hechos las declaraciones vertidas por testigos protegidos –la mayoría ex policías y delincuentes arrepentidos que buscan canonjías de los fiscales– únicamente sostienen (en la vía legal) el libramiento de órdenes de arraigo, cateo, aprehensión y de autos de formal prisión, pero son insuficientes para emitir una sentencia condenatoria.

También se criticó el uso indiscriminado de militares, así como de policías federales infiltrados en los grupos criminales, pues se consideró que en los hechos se les concede una especie de licencia para matar y traficar drogas, y una garantía de impunidad lo que está por encima de la Constitución federal.

Asimismo se puso a debate la supuesta inviabilidad jurídica de la Ley de Extinción de Dominio, pues se contrapone con las leyes adjetivas en materia penal, además de que no brinda garantías que tutelen el derecho de posesión de los bienes inmuebles que debe darse a los arrendadores de algún inmueble.

Los ponentes apremiaron a la próxima legislatura federal, que comenzará en septiembre próximo, a redactar las leyes adjetivas (Código Federal de Procedimientos Penales y Código Penal Federal), así como en la renovación total de la Ley de Amparo, para que se puedan regular las facultades de la fiscalía antidrogas de la PGR y las de la Policía Federal, así como la de los llamados jueces de control, que revisan medidas cautelares (arraigos, cateos e intervención de comunicaciones) en temas de delincuencia organizada.

Algunos magistrados participantes en el simposio, efectuado del 9 al 11 de este mes, expusieron que estas reformas de justicia penal tienen énfasis principal en el combate a la delincuencia organizada, aun sin la existencia de normas de control, lo que ha permitido a jefes policiacos, fiscales federales, agentes del Ministerio Público y jueces de control, permitir la existencia de innumerables violaciones a los derechos humanos de personas acusadas, con pruebas endebles, de participar en el crimen organizado.

En las ponencias sobre delincuencia organizada participaron el ministro Sergio Valls, los magistrados de circuito Elvia Díaz de León, José Nieves Luna, Rafael Zamudio, Emma Meza y Wilfredo Gutiérrez; el ex procurador de Justicia del Distrito Federal Rodolfo Félix y quien fue su subprocurador, Moisés Moreno, miembro de la secretaría técnica para instaurar la reforma penal; el académico del ITAM y especialista en criminología Edgardo Buscaglia, y el abogado del Instituto Nacional de Ciencias Penales Álvaro Vizcaíno.