El hecho de que Estados Unidos haya anunciado que investigará los abusos cometidos por militares mexicanos en el combate al narcotráfico, sólo viene a confirmar lo sabido, señaló Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), quien remarcó que desde que se encomendó esta actividad a fuerzas castrenses las violaciones a los derechos humanos de la población han sido una constante.

En entrevista descartó que si Estados Unidos comprueba estos atropellos se vayan a reducir los recursos que dicho país canaliza a México mediante el Plan Mérida, y agregó que este financiamiento debería ser orientado en su mayor parte a acciones de prevención del consumo de enervantes y no hacia el equipamiento de cuerpos militares, en todo caso tendría que ocuparse en un mejor adiestramiento de estos elementos para que el combate al narcotráfico se diera en un ámbito de respeto a las garantías individuales.

Ramírez López consideró que para evitar que los militares incurran en estas constantes transgresiones a los derechos humanos se deberían hacer cambios a los programas de capacitación, formación y adiestramiento y consideró que si en el gobierno existiera verdadera preocupación por estas circunstancias, en lugar de criticar los señalamientos de las ONG al respecto deberían avalarlos y tomar medidas para que estas violaciones cesen.

Consideró que una medida útil para terminar con la impunidad existente en el castigo de los uniformados que cometen estos abusos sería modificar la forma en que son sometidos a juicio, los cuales son una simulación. Esto no ocurriría, consideró, si fueran llevados a tribunales civiles.

“Bajo el fuero militar se juzgan entre ellos mismos, así no hay independencia, es una justicia de simulación; de esta forma, ¿cómo se van a castigar a los violadores de los derechos humanos en esta lucha contra el narco?”