El ex delegado federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado de Guerrero Leonel Lozano Domínguez, acusó a autoridades federales, estatales y municipales de estar operando en contra de la defensa del patrimonio natural de la nación y en favor de los desarrolladores turísticos, así como de violar el artículo 117 del Código Federal  de Procedimientos Penales.

Explicó que a raíz de haber presentado denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría General de la República (PGR) por violaciones a la ley ambiental de parte de los desarrolladores turísticos de los búngalos Playa Azul, de Coyuca de Benítez, Guerrero, el 11 de febrero del presente año fue destituido de su cargo en la Semarnat y el pasado 15 de junio el juez segundo de distrito en el estado de Guerrero dictó una orden de formal prisión en su contra. Aunque, el 23 de ese mes, el mismo juzgado aceptó la apelación interpuesta por Lozano en contra de esa decisión.

Según informó, desde hace tres años ambientalistas de Acapulco y habitantes del área de la barra de la laguna de Coyuca, ubicada a 30 minutos al noreste de dicho municipio, denunciaron la apropiación de bienes nacionales e irregularidades ambientales cometidas por un desarrollo inmobiliario turístico denominado Bungalows Playa Azul.

En marzo de 2008, a tres meses de asumir su cargo, Lozano Domínguez realizó un recorrido por la zona federal y observó lo denunciado por los habitantes del lugar. Ese complejo turístico de lujo se estaba construyendo en zona federal, afectando el medio ambiente y retando a la naturaleza, por la estrecha distancia que existe entre los búngalos y la zona donde se abre la barra y se unen las aguas de la laguna con las del mar.

Por esto, presentó denuncias ante la Profepa, la Conagua y la PGR ya que los propietarios de este complejo han cometido, al menos, cinco presuntas violaciones a la ley, entre ellas, el incumplimiento en materia de impacto ambiental por construcción de obras no autorizadas en zona federal marítima terrestre; invasión y apropiación ilegal de bienes nacionales hídricos; no cuentan con autorización para cambio de uso de suelo, y destruyeron vegetación ribereña protegida por la NOM-059 de la Ley General de Vida Silvestre.

Por consiguiente, los abogados de la empresa demandaron al funcionario federal ante la PGR por allanamiento de morada y ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública por ejercicio indebido de funciones, y la Semarnat lo destituyó de su cargo.

En marzo de este año, la Profepa comprobó las irregularidades de los desarrolladores y clausuró la obra; no obstante, ésta continúa operando y el complejo hotelero será inaugurado próximamente. Por lo que Lozano denunció ante los medios de comunicación a los tres órdenes de gobierno de no estar trabajando en favor de los bienes nacionales y de flaquear ante la presión del grupo inmobiliario anteponiendo los intereses económicos de una minoría a los de la nación.