La Procuraduría General de la República (PGR) consignó a 13 policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), por presuntos actos de corrupción y porque habrían proporcionado información a miembros del cártel de los Beltrán Leyva, para que un comando armado intentara rescatar en abril pasado a Jerónimo Gámez, operador financiero de esa organización.

Sin embargo, uno de estos agentes, Francisco Cañedo Zavaleta, quien al igual que los otros 12 permaneció bajo arraigo durante casi 80 días, presentó en todo ese tiempo documentos originales en los que se da cuenta que las imputaciones que le hizo un testigo protegido –la base para su consignación– fueron falsas, pues mientras alguien en el Distrito Federal, identificado como Guadalupe, lo acusaba de actos de corrupción, él cuidaba a otro testigo protegido en el estado de México con la clave Pitufo.

De acuerdo con versiones de familiares de los agentes detenidos, desde el pasado martes la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada solicitó a un juzgado con sede en Jalisco que librara órdenes de captura para los 13 agentes por diversos delitos que van desde revelación de secretos y vínculos con el crimen organizado hasta cohecho.

Las versiones de los familiares refieren que los agentes serán trasladados en las próximas horas al penal de máxima seguridad conocido como Occidente, en el municipio de Puente Grande, en Jalisco.

En ese contexto, los entrevistados señalaron que la PGR ha incurrido en anomalías durante la investigación, como el hecho de que supuestamente no han localizado a Erasmo de Jesús González, agente del Ministerio Público Federal que dirigía el operativo de traslado de Jerónimo Gámez al penal federal de Nayarit y que resultó en un enfrentamiento con sicarios, con un saldo de ocho servidores públicos muertos.

En ese contexto se teje la historia de Cañedo Zavaleta, quien para demostrar que el 30 de octubre no hizo ofrecimientos de canonjías dentro del Centro Nacional de Arraigo al testigo protegido conocido como Guadalupe, entregó los oficios de comisión en los que queda acreditado que ese día él inició la custodia de otro testigo protegido llamado Pitufo.

Las acusaciones contra Cañedo Zavaleta, según indagatorias de la PGR, se basan en los señalamientos de Guadalupe y resultaron contradictorias pues nunca ubicó el tiempo y lugar en que el agente de la AFI le ofreció que mediante el pago de distintas cantidades de dinero obtendría desde cigarros hasta teléfonos en el centro de arraigo.

Copias de las órdenes recibidas y oficios de comisión de Cañedo Zavaleta fueron entregadas por sus familiares a La Jornada para mencionar que se le están atribuyendo culpas que no tiene y sólo para dar la impresión de que el Ministerio Público cumplió con su deber de consignar.

Cañedo Zavaleta también será puesto a disposición de un juez federal; sus familiares se quejan de que nunca se investigó lo que él hacía ni se tomaron en cuenta las constancias originales de las comisiones encomendadas. Ahora enfrentará un proceso penal en una cárcel de máxima seguridad, lejos de su familia, que vive en el estado de México, acusado de delitos que no le permiten la libertad bajo fianza.