Washington, 9 de julio. El zar antinarcóticos, el Departamento de Estado y legisladores expresaron preocupación por las cada vez más numerosas acusaciones de abusos contra derechos humanos –incluidas tortura, desapariciones y violaciones sexuales– cometidos por militares en la lucha antinarco en México.

Las acusaciones son muy serias, declaró a la prensa el director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Droga de la Casa Blanca, conocido como zar antinarcóticos, R. Gil Kerlikowske, quien añadió: Abordé el tema con el gobierno de México y he hablado con el Departamento de Estado.

Otros altos funcionarios del gobierno de Barack Obama y legisladores demócratas y republicanos también subrayaron que lo reportado es muy serio, y se investigará. El gobierno de México podría perder millones de dólares en asistencia estadunidense a la lucha antinarcóticos, si se confirma un extenso patrón de abusos contra derechos humanos bajo las condiciones de la Iniciativa Mérida.

A la vez, altos funcionarios de la Casa Blanca reiteraron hoy su confianza en que el gobierno de Felipe Calderón no sólo está enfrentando a los poderosos y violentos cárteles de una manera sin precedente, sino también avanzando en consolidar las instituciones gubernamentales, controlando cada vez más las amenazas de la corrupción y los abusos contra derechos humanos.

El nuevo secretario asistente de Seguridad Interna encargado de asuntos fronterizos –zar de la frontera–, Alan Bersin, dijo a reporteros que se toma muy en serio estas acusaciones, pero “tenemos que asegurar que existan pruebas… se tienen que conseguir”, y advirtió que no hay que brincar a conclusiones. Indicó que algo positivo es que estas cosas no se están ocultando, y que México –como lo ha hecho Estados Unidos en otros momentos– está desarrollando las instituciones necesarias para enfrentar estos problemas.

Lo que detonó estas declaraciones fue un amplio reportaje publicado hoy como nota principal del Washington Post, donde se afirma que el Ejército Mexicano ha llevado a cabo desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales en persecución de narcotraficantes. El Post reporta que estos abusos de militares mexicanos involucrados en la lucha antinarcóticos impulsada por el gobierno de Calderón, se propagan en diversas partes del país, desde las ciudades fronterizas hasta los campos de cultivo.

El reportaje narra sucesos en lugares como Puerto las Ollas, en Guerrero, donde una víctima cuenta cómo los soldados lo torturaron y golpearon, y también a su sobrino de 13 años de edad, o casos en Tijuana y Ciudad Juárez, donde detenidos fueron torturados para obtener confesiones, o el caso de dos niñas violadas sexualmente por soldados, así como varias redadas y cateos ilegales.

El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, Edolphus Towns, afirmó hoy en una reunión sobre esfuerzos estadunidenses para enfrentar a los cárteles mexicanos, que mientras se elogia el esfuerzo del gobierno de México al confrontar la amenaza del crimen organizado y su violencia, “hay una nota de primera plana en el Washington Post de hoy con el título ‘México acusado de tortura en la guerra contra la droga’. Tenemos que dejar en claro que los abusos desde el Estado son igualmente intolerables. Buscaré entender más sobre los hechos en relación con este reportaje, al proceder la investigación de este comité”.

El Post señala que el gobierno mexicano reconoce que han ocurrido abusos, pero sostiene que los casos son aislados y hasta indica que los propios narcotraficantes podrían estar acusando al Ejército de tortura y otras violaciones, como parte de su propaganda contra el gobierno.

Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, declaró al Post que existen abusos. Sé que las fuerzas armadas no están actuando de manera inapropiada, aunque sí ha habido algunos casos. El gobierno honestamente cree eso. No hay incentivos para el abuso.

El diario señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice tener más de 2 mil quejas sobre el Ejército, unas 140 mensuales durante este año, y que ese organismo ha logrado confirmar 26 casos de abuso, incluida tortura.

Funcionarios estadunidenses afirmaron al Washington Post, como lo hicieron hoy en una audiencia ante el Congreso, que están confiados en que el presidente Felipe Calderón está llevando a cabo una lucha sin precedente contra el narcotráfico, y que dentro de ello está impulsando medidas que mejorarán la efectividad y honestidad, como también el respeto de derechos humanos entre las fuerzas de seguridad.

Voceros del Departamento de Estado declararon a La Jornada que siempre tomamos muy seriamente toda denuncia de tortura u otros abusos contra derechos humanos, y de manera constante discutimos nuestras preocupaciones con nuestras contrapartes mexicanas. Subrayaron que el presidente Calderón está enfrentando de manera valiente, a los cárteles mexicanos, y que en todo ese esfuerzo también se comparte una preocupación de ambos gobiernos por el respeto a las garantías en esta lucha.

Sin embargo, algunos funcionarios estadunidenses indicaron al Post que las acusaciones sobre abusos y la impunidad podrían llevar a que el Congreso de este país congele millones de dólares en asistencia antinarcóticos para México.

Las condiciones de la Iniciativa Mérida, el plan de asistencia antidrogas con un presupuesto total de 1.4 mil millones de dólares, lanzado en 2007, establecen que un 15 por ciento de los fondos no pueden ser entregados hasta que el Departamento de Estado informe al Congreso que México ha avanzado en materia de respeto a los derechos humanos, incluyendo la fiscalización de los acusados de violaciones, la prohibición del uso de declaraciones extraídas por tortura y consultas constantes con agrupaciones de derechos humanos.

Poco más de 90 millones de dólares asignados a México por medio de la Iniciativa Mérida no podrán ser liberados sin que el Congreso acepte las conclusiones del informe del Departamento de Estado; otros 24 millones también están sujetos a estas condiciones en el presupuesto suplementario promulgado por Obama a fines del mes pasado.

Ese informe será entregado al Congreso próximamente, según informaron voceros del Departamento de Estado a La Jornada.