San Cristóbal de las Casas, Chis. 30 de junio. Los siete campesinos tzeltales de San Sebastián Bachajón adherentes de la otra campaña, presos por presuntos robo y delincuencia organizada, y que han proclamado su inocencia desde el primer momento, interpusieron una apelación ante el juez, a quien solicitan revocar la resolución y ordenar su libertad inmediata. Permanecen recluídos en el penal El Amate, en Cintalapa de Figueroa, obligados a realizar trabajos forzados (talachas) impuestas por la mafia de reos.

De acuerdo con el abogado Ricardo Lagunes Gasca, en un escrito presentado el 5 de junio, se argumentó contra la falta de traductor y defensor que conocieran la lengua tzeltal y la cultura de Bachajón. También contra el valor probatorio de la confesión de Gerónimo Gómez Saragos, extraída bajo tortura y sin pleno conocimiento del contenido del documento que firmó”. Dicha confesión fue utilizada como testimonio de cargo contra los demás detenidos.

Otra violación consistió en dar valor probatorio a las diligencias de identificación “con las que policías y choferes de la empresa Cristóbal Colón (OCC) dijeron ‘reconocer’ a los detenidos como responsables de diversos asaltos”. Tales diligencias no se llevaron de conformidad al Código de Procedimientos Penales del estado.

El defensor indica que tras la audiencia del 23 de junio, los magistrados tienen 15 días para emitir su resolución respecto del auto de formal prisión.

En cuanto a las talachas, denunciadas desde que ingresaron a El Amate, el abogado afirma que estas las autoridades no han tomado cartas en el asunto.

En un escrito de más de 40 páginas, Lagunes indica que sus defendidos son ejidatarios adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, movimiento social pacífico mediante el cual defienden su territorio y sus recursos naturales de los proyectos económicos neoliberales del gobierno federal y estatal, que pretenden despojarlos de la tierra, que es su vida. El derecho a defender territorio y recursos naturales, y ejercer su autonomía y libre determinación se basa en su condición de pueblos originarios y de acuerdo a las garantías que les reconocen la Constitución, los acuerdos de San Andrés, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

En ejercicio de su autonomía, estos ejidatarios vigilan la carretera Ocosingo-Palenque para proporcionar seguridad al ejido y a los turistas que visitan la región, puesto que la corrupción e ineficacia de las policías Estatal de Caminos, Estatal y Federal Preventiva ha permitido que los asaltos permanezcan impunes e incluso priven arbitrariamente de la libertad a campesinos sin justificación legal, abunda el escrito.

En el auto de formal prisión impugnado, el juez soslayó las violaciones a las normas del procedimiento en las diligencias que integran la averiguación previa de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada del estado.