stamos fritos: los empresarios cupulares, por medio del Consejo Coordinador Empresarial, aseguran que le perdieron la confianza al Instituto Federal Electoral; los partidos políticos cotidianamente expresan sus dudas sobre la eficacia del IFE, mientras éste no deja de aplicarles tardías multas por su permanente violación a la ley en materia de pautas publicitarias; el citado instituto no cree en el Trife ni en su reciente estimación sobre el abstencionismo (70 por ciento) que se registraría el próximo domingo; el tribunal viola la ley, se pasa por el arco del triunfo a los consejeros electorales y los obliga a sesionar para que avalen el Iztapalapazo; Calderón, como Fox, descaradamente mete las manos en las elecciones en un desesperado movimiento que pretende rescatar lo que queda de su partido, y para redondear el numerito el CCE anuncia –como en junio de 2006– la puesta en marcha de una campaña de promoción del sufragio bajo el lema de infórmate, piensa y vota, es decir, el mismo proceder de hace tres años, en los comicios presidenciales de 2006, algo que en su momento reconoció el Tribunal Electoral, pero que al final de cuentas no provocó más que una amonestación de un organismo electoral en el que el organismo patronal no confía.

Nada ha cambiado en tres años, salvo la práctica de modificar todo para no alterar ni un milímetro el estado de cosas: nuestro heroico sistema político se mantiene como una merienda de caníbales, en la que la legalidad se utiliza como servilleta mientras los selectos comensales engullen su platillo preferido: el ciudadano en edad de votar, en espera del reparto del pastel. Si de por sí la oferta de candidatos y partidos políticos fue verdaderamente raquítica, nula la difusión de ideas y programas, e inexistentes las campañas, este cierre de proceso electoral resulta verdaderamente grotesco.

Con la cara más dura, el supuesto dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes, asegura que el IFE perdió la confianza de la ciudadanía, ergo, nosotros somos los que actuaremos en consecuencia. Y para ello anuncia que “diferentes organizaciones empresariales decidieron la difusión de dos spots comerciales (léase propaganda electoral) que serán transmitidos en Internet, pero no en televisión ni en radiodifusoras, por considerarse como violatorios al Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales, el Cofipe”. Como se recordará, en las elecciones de 2006 el CCE también estaba impedido, legalmente, de transmitir propaganda electoral, y ese impedimento se lo pasó por el arco del triunfo (recuérdese aquella bella frase de: apostarle a algo distinto implicaría retroceso) y metió el acelerador propagandístico, en plena violación del Cofipe, a favor del Felipillo, quien, dicho sea de paso, ya en Los Pinos, y sin apostarle a algo distinto, lo único que ha logrado es que el país retroceda.

Como en el proceso electoral de 2006, el CCE, por medio de su presidente, asegura desconocer el monto de inversión requerido para financiar la campaña del sector empresarial en Internet, pues el Consejo de la Comunicación, encargado –al igual que tres años atrás– de su contenido y alcance, asumió los costos.

Por aquellos tiempos de 2006 en este espacio comentamos que rebasados gobierno (Fox), partido (PAN) y candidato oficial (Felipillo), el gran capital entró al quite, y brincó a la palestra mediática-electoral para reforzar la campaña del miedo promovida por la derecha clerical que se retuerce ante la posibilidad de que su pollo no llegue a Los Pinos y, con ello, pierda fuero. Suponer que el gran capital no tiene la intención de inducir o coaccionar el voto y que promueve la participación ciudadana en las urnas electorales sólo por conciencia cívica, es asumir que ese pequeño cuan poderoso grupo de presión lo único que desinteresadamente busca es el bienestar nacional. Tardíamente, el IFE mandó callar al presidente Fox; lo propio hizo con partido y candidato oficiales, por el manejo de propaganda sucia. Ahora que pretende frenar la campaña del miedo que desarrolla el Consejo Coordinador Empresarial, la llamada cúpula de cúpulas de los dueños del dinero se envalentona y dice que no da un paso atrás, porque es necesario mantener las políticas que se han ejercido en los últimos 10 años; apostarle a algo distinto implicaría retroceso.

La cabeza visible, en ese entonces, del Consejo Coordinador Empresarial, José Luis Barraza (hoy uno de los dueños del Aeroméxico reprivatizado), los intereses políticos de sus representados y el candidato oficial a la Presidencia de la República reciben así un atento mensaje del lerdo Instituto Federal Electoral: sólo los partidos políticos están legalmente autorizados a transitar por la ruta que el organismo privado intentó caminar, como lo establece el artículo 48 del Cofipe (es derecho exclusivo de los partidos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes que promuevan el voto durante las campañas electorales). Y ahora, como entonces, no se trata de un asunto de libertad de expresión, como tres años atrás aseguraba una consejera electoral defensora a ultranza del citado Consejo (Alejandra Latapí Renner, ex empleada de ese organismo privado, en el que laboró como responsable del enlace legislativo CCE-Cámara de Diputados), sino de legalidad.

Tres años después, la mesa está servida, los caníbales en la mesa, y el platillo a punto de salir del horno. Y todos creen en Dios, como diría el predicador de Los Pinos.

Las rebanadas del pastel

Dicen las malas lenguas que la autoridad judicial no puede actuar en contra de los propietarios de la guardería ABC de Hermosillo, porque están amparados. Pues bien, va una buena noticia, aunque sin duda inventarán más pretextos: el lunes pasado “perdió vigencia el amparo promovido por Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela (una de las dueñas de la citada guardería y prima de la first lady Margarita Zavala). Según la lista de acuerdos del juzgado décimo de distrito en el estado de Sonora, a Marcia se le negó continuar con la protección que tenía ante cualquier acción legal de la autoridad en su contra por el incendio en el que perdieron la vida 48 niños” de tal forma que podría ser arraigada, detenida o aprehendida si la PGR así lo determinara (Mónica Romero, W Radio). Entonces, un pretexto menos, mientras los ágiles funcionarios del IMSS todavía no encuentran los nombres de los propietarios beneficiados con la subrogación de guarderías.

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