n el primer día de la intentona golpista que interrumpió la vigencia democrática en Honduras, se hizo inequívoco y contundente el rechazo internacional a la conjura oligárquica en contra del gobierno constitucional de Manuel Zelaya, y el régimen espurio nombrado para sucederlo no ha logrado la simpatía, y ni siquiera la indiferencia, de un solo organismo internacional, de un solo gobierno, de una sola personalidad política del mundo. Ayer, en la capital nicaragüense, el mandatario desterrado recibió el apoyo de sus homólogos, tanto en el encuentro del Sistema de Integración Centroamericana (SIC) –al que asistió, en representación de México, el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón– como en la reunión de la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba), que reunió a los presidentes de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y al propio Zelaya, así como al canciller cubano, Bruno Rodríguez. Por la tarde, en una junta del Grupo de Río –cuya secretaría pro tempore es ejercida por Calderón–, mandatarios y representantes de 18 países condenaron de manera unánime la aventura de los golpistas hondureños. En los tres foros regionales se acordó el retiro de Tegucigalpa de los representantes diplomáticos de los países miembros; la suspensión de todos los préstamos y desembolsos destinados a Honduras y de las relaciones políticas, económicas, financieras, deportivas y de cooperación; el veto a los representantes de los golpistas en las reuniones internacionales, así como llamados a la OEA y a la ONU para que se sumen a las sanciones. Estas dos, por su parte, reaccionaron desde ayer con expresiones de respaldo al gobierno constitucional de Zelaya y de desconocimiento al régimen espurio que se pretende imponer en Honduras. Especial relevancia adquieren las inequívocas condenas al cuartelazo hondureño por parte del gobierno de Barack Obama y de la Unión Europea.
La lenta reacción inicial del gobierno mexicano ha quedado plenamente subsanada con la adopción de una actitud consecuente y firme, que se expresó en el retiro del embajador de nuestro país en Tegucigalpa, Tarcisio Navarrete; en las declaraciones de Calderón en Managua en respaldo inequívoco de Zelaya y del orden democrático, y el refugio brindado a la canciller hondureña, Patricia Rodas, quien antier permaneció varias horas secuestrada por los golpistas.
Arropado por esa firme reacción regional, continental y mundial, el presidente constitucional de Honduras anunció que regresará a su país el jueves próximo y convocó al pueblo a recibirlo, en un abierto desafío a los autores del cuartelazo. Por medio del tribunal supremo, participante en la asonada, éstos advirtieron que arrestarán al mandatario en cuanto pise suelo hondureño.
Las situaciones comentadas dan un firme respaldo a la resistencia popular que se desarrolla, a pesar de la barbarie represiva, en el país centroamericano. Ayer se informó desde Tegucigalpa la continuación de expresiones de rechazo a la asonada militar –como la concentración de ciudadanos frente a la residencia presidencial, la movilización de grupos de personas en las calles, en desafío al toque de queda, así como algunos cortes de carreteras en el occidente del país–, pero se supo también de acciones de violencia policial de las autoridades golpistas contra los manifestantes frente a la sede del Ejecutivo, con un saldo de decenas de heridos e intoxicados por gases lacrimógenos y la detención de una treintena de personas. Pese a la brutal disparidad de fuerzas, pues, diversos sectores de la ciudadanía hondureña llevan a cabo, en las horas presentes, una lucha admirable por restaurar el orden constitucional quebrantado, pese a los alardes de capacidad represiva que realizan las fuerzas armadas y la policía, las cuales han impuesto una censura total a los pocos medios hondureños independientes (la mayor parte de ellos están en manos de la oligarquía, promotora del golpe); se ha sabido, asimismo, de órdenes de detención contra funcionarios del gobierno de Zelaya y dirigentes sociales y políticos.
El inicio de la represión golpista en la capital hondureña, y la activa resistencia en la que participan muchos ciudadanos, son un aliciente adicional para la acción, certera, rápida y sin fisuras de la comunidad internacional, acción que resulta, además, de vital importancia para impedir que el régimen espurio a cargo de Roberto Micheletti logre consolidarse y perdurar. De ello depende, en buena medida, la certeza de futuro para las instituciones democráticas latinoamericanas, pues si el gobierno de facto impuesto en Honduras llegara a consolidarse, su ejemplo cundiría entre los sectores oligárquicos de la región, para cuyos intereses la democracia se ha convertido en un estorbo. En suma, la voluntad popular debe ser restituida de inmediato en la desafortunada nación centroamericana, y ello significa el regreso de Manuel Zelaya al país y al cargo presidencial.
