í, tiene razón el ombudsman nacional, es absurdo. Han pasado 10 días del punzante incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, y no hay responsables de la monstruosidad que segó la vida de 46 infantes.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, está en lo cierto cuando hace un llamado a las autoridades de los distintos niveles para que no haya impunidad en el asunto de la terrible conflagración, y subraya que es absurda la hasta ahora inexistencia de un responsable.

El solo funcionamiento de la guardería es un escándalo. Ese galerón, habilitado como lugar para cuidado de niños y niñas de madres trabajadoras, nada más pudo llevar el título de guardería, y funcionar como tal, por la suma de voluntades, indiferencias, incapacidad y corruptelas de funcionarios municipales, estatales y federales. Esos funcionarios incurrieron en una, varias o todas las actitudes antes enlistadas. Y las mismas se conjugaron trágicamente para cortar de tajo vidas en sus primeros meses y años.

No fue un accidente, sino la conjunción de factores construidos por la negligencia de quienes tenían a su cargo la subrogada, por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), guardería y la ceguera voluntaria de los servidores (¿?) públicos que se negaron a ver el caudal de irregularidades que se conjuraban contra los menores.

La reacción inicial de Daniel Karamante, director del IMSS, ante la tragedia, fue explicar a una comunidad dolida por las muertes infantiles que la guardería ABC había cumplido recientemente y con satisfacción las revisiones de protección civil y en otros rubros esenciales para su funcionamiento.

La conclusión obvia, para quienes atónitos escuchamos lo dicho por Karam, era que entonces los renglones a revisar y la misma normatividad estaban fuera de una lógica en la que se busca proteger a los usuarios de esos servicios.

Después, tal como publicó La Jornada (11 de junio), Daniel Karam se desdice y da un vuelco a sus pareceres iniciales: existen diferencias abismales entre la realidad que se vivía en la estancia y el documento que le autorizaba su programa de protección civil. No había extintores ni salida de emergencia, e incluso existen dudas sobre si contaba con el personal suficiente para cuidar a los niños.

Uno se pregunta si los polos opuestos representados por los dichos primeros y los postreros de Karam no deberían tener alguna repercusión para el alto funcionario. Se lo chamaquearon los del IMSS de Sonora, y él les creyó a pie juntillas en eso de que la guardería consumida por las llamas había cumplido con todo lo exigido por el cuerpo de Bomberos de Hermosillo (cumplió sólo en el papel). Pero una vez que por testimonios de quienes ayudaron a rescatar a los niños, y por las investigaciones periodísticas, quedó perfectamente claro que la guardería no contaba con los implementos para combatir al fuego, Karam debió echarse para atrás y careció de la voluntad para sin rodeos presentar sus disculpas a las familias cuyos hijos e hijas murieron o resultaron heridos en el galerón.

Otra cuestión que lacera es comprobar la falta de instalaciones suficientes y adecuadas para atender a los menores quemados. Como en el caso de la epidemia de influenza A/H1N1, hubo de recurrirse también a instituciones de salud del extranjero. No se trata de un falso nacionalismo, que repele y reniega de lo foráneo a nuestro país, sino de subrayar que se hizo necesario trasladar a hospitales de Estados Unidos a infantes que aquí no pueden tener los cuidados especiales requeridos por su condición grave.

Y es que tener centros especializados para atender adecuadamente a los niños quemados exige fuertes y continuadas inversiones. Éstas no se han hecho y allí están los resultados.

Con seguridad que la guardería ABC no es una excepción en cuanto a manejar el lugar primariamente con ánimos de lucro.

Es imprescindible que la opinión pública conozca los pormenores de su funcionamiento: cuántas personas cuidaban a los infantes y qué capacitación tenían, monto mensual que pagaba el IMSS por cada menor, calidad del mobiliario, sobre todo cómo fue que se autorizó (quiénes lo hicieron) que funcionara en una bodega a todas luces indigna e insegura, bitácora de las sucesivas revisiones y aprobación de las mismas. Hay que desenmarañar la trama de complicidades que enlutó a las familias de Hermosillo y mostró nacionalmente la fragilidad de un sistema, el de las guarderías subrogadas, que puede repetirse en cualquier otro lugar del país.

Como político mexicano, que por desgracia tiene sus réplicas en todos los partidos, el gobernador Eduardo Bours Castelo quiere ver intereses electorales en toda manifestación en su contra y críticas por el caso de la guardería ABC. Sin duda existen, pero reducir los desacuerdos con él y la exigencia de que renuncie por algunos familiares de los niños fallecidos a meros reflejos antipriístas es no querer comprender la dimensión de la tragedia.

Por su parte, en el lado del gobierno federal se debe entender que la subrogación de las guarderías es un negocio que ha generado gran corrupción y tráfico de influencias, y en el que la gran mayoría de los beneficiarios son los que mal cuidan a los infantes en recintos que no son sino bombas de tiempo.