a Secretaría de Educación Pública (SEP) informó ayer, mediante un comunicado, que logró un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para cuidar, en este momento de restricción fiscal, el presupuesto de las universidades públicas. No obstante, el documento señala que, considerando el entorno económico que vive el país, se está solicitando a las universidades públicas aplicar de manera voluntaria medidas de racionalización del gasto y contribuir, en la medida de sus posibilidades, al esfuerzo de ahorro que está realizando el sector educativo.

Los señalamientos de la dependencia federal tienen como antecedente la demanda de más de un centenar de rectores –planteada a finales de mayo ante el titular de la SEP, Alonso Lujambio– en el sentido de blindar el presupuesto de esas instituciones y hacer un incremento de emergencia, a fin de contrarrestar la pérdida en el valor de esos recursos como consecuencia de la devaluación y la inflación alcanzadas este año. Estos reclamos cobraron especial fuerza a partir de la semana pasada, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México recibió el Premio Príncipe de Asturias y cuando, casi al mismo tiempo, comenzaron a surgir indicios de que el gobierno federal preparaba un recorte presupuestal a la enseñanza superior a cargo del Estado.

La solicitud planteada por el gobierno federal a las universidades públicas para que sean éstas las que se impongan medidas de racionalización de los recursos es del todo improcedente: en los hechos, ello equivale a pedir, de manera alambicada, que esas instituciones profundicen el acoso presupuestal al que han sido sometidas durante las últimas administraciones, en concordancia con el modelo privatizador aún vigente. La presente crisis económica, en cambio, ha puesto en evidencia, entre otras cosas, la necesidad de reactivar los motores del desarrollo y la economía interna; de incrementar la competitividad del país a través de la preparación, formación y capacitación de sus habitantes, y de abonar, en suma, a la única inversión que garantiza el desarrollo y la viabilidad de una nación: la educación.

Además de las consideraciones de índole estrictamente económica, el gobierno pasa por alto que la dignificación presupuestal de las universidades públicas constituye, en la actual coyuntura, una medida de obvia sensatez política y social. Las afectaciones que han sufrido ya miles de familias de estratos medios y altos como consecuencia de la crisis hacen inevitable suponer que, en los meses siguientes, las instituciones públicas de educación superior experimentarán un incremento súbito y masivo en la demanda de lugares –sobre todo de aquellos estudiantes provenientes de escuelas privadas– y, por consiguiente, en el número de rechazados, habida cuenta de que es imposible que las universidades aumenten de improviso los lugares disponibles. Tal circunstancia puede, entonces, prefigurar la gestación de escenarios de inconformidad que se sumarán al descontento de los jóvenes de escasos recursos que, cada año, son marginados de las instancias de educación superior a cargo del Estado.

Desde hace más de cinco años, la familia integrada por Estela, Jesús y sus hijos Francisco, Lesly, Jesús, Mariana y Daniel –originarios de Chignahuapan, Puebla– ha padecido el acoso, la discriminación, la estigmatización y, en suma, la injusticia como consecuencia de una enfermedad que, según estimaciones de las autoridades del sector salud, afecta a alrededor de 180 mil mexicanos, el VIH/sida.

Su historia, recuperada hoy en estas páginas, constituye tan sólo un botón de muestra de los millares de testimonios sobre el trato inmoral e inhumano al que son sometidas las personas contagiadas por este virus, y es fiel retrato de una sociedad en la que prevalecen, a pesar de los incuestionables avances observados en materia de tolerancia e inclusión, visiones cavernarias, excluyentes e inadmisibles, y en la que el padecimiento del VIH/sida constituye, en muchas ocasiones, un obstáculo para la plena observancia de los derechos –principalmente a la educación y al trabajo– de los infectados.

Por añadidura, la circunstancia descrita pone en relieve la ineludible responsabilidad del Estado en distintos frentes: por un lado, para proveer los medicamentos necesarios para combatir eficaz y dignamente una enfermedad que parece ensañarse con los más pobres –habida cuenta del limitado acceso de éstos a los costosos tratamientos de antirretrovirales–; por otro lado, para elaborar políticas que permitan superar las barreras sociales que son impuestas de manera por demás injusta a quienes padecen el VIH/sida.

Por lo que puede verse a partir de los testimonios aquí publicados, las administraciones reciente –incluida la actual– no han estado a la altura de las circunstancias en ninguna de las dos tareas mencionadas –la prestación de servicios de salud suficientes y oportunos y el combate a la discriminación social– y resulta obligado, por tanto, demandar que cuanto antes corrijan tales deficiencias.

Es urgente, pues, que la lucha contra el VIH/sida en este país sea abordada, en todos los frentes, con base en consideraciones de índole humanitaria y con un compromiso efectivo con la vida y el derecho de las personas a enfrentar dignamente esta enfermedad. El Estado, responsable de salvaguardar la salud y el bienestar de la población en general, debe refrendar su compromiso con los infectados de VIH/sida, particularmente con los más desprotegidos.