Andrés Manuel López Obrador denunció ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR), por conducto de José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas del gobierno legítimo de México, a una decena de personajes políticos y empresariales por saqueo de bienes y recursos públicos, tráfico de influencia y corrupción durante las dos décadas pasadas.

Ortiz Pinchetti interpuso alrededor de las 14 horas la querella contra Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Roberto Hernández, Claudio X. González, Gastón Azcárraga, Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Cevallos, Elba Esther Gordillo, José Luis Barraza y quienes resulten responsables, en un expediente integrado por unas mil páginas –según explicó–, que contienen, entre otras pruebas, contratos solicitados al Instituto Federal de Acceso a la Información.

López Obrador, de gira por Zacatecas, advirtió que esos personajes forman la mafia del poder en México, que es la que ha causado la actual tragedia nacional. En la demanda, aclaró, estamos dando todos los fundamentos del por qué ese grupo es el responsable de todo esto que está sucediendo en México.

Aunque reconoció que en nuestro país en el tema de la procuración e impartición de justicia sigue habiendo asignaturas pendientes, la interposición de la demanda ante la PGR se da porque tenemos que acudir ante esa instancia, porque no hay otra.

Pero, aclaró, estamos presentando todas las pruebas del vandalismo y del saqueo que ha habido en el país, también con la idea de que el peor de los ladrones es el político corrupto.

Citó el caso de Diego Fernández de Cevallos, quien ha sido achichincle de Carlos Salinas desde siempre, y en pago recibió los terrenos de Punta Diamante (en Acapulco, Guerrero), dos días antes de que saliera el gobernador del Partido Revolucionario Institucional Francisco Ruiz Massieu.

Además, ha sido abogado de empresas que obtienen devoluciones millonarias de impuestos. Ganó un pleito a la Secretaría de la Reforma Agracia por más de mil millones de pesos y ahora le gana un caso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todo por influyentismo. No es que sea un buen abogado, es que es maestro en influyentismo, ironizó.

En la copia de la denuncia dirigida al procurador Eduardo Medina Mora, el ex candidato presidencial advirtió que dichos delin- cuentes no rebasan el número de 30, aunque para llevar a cabo sus fechorías cuentan con una red de funcionarios, abogados, concesionarios de radio y televisión, periodistas, prestanombres y políticos corruptos, todos los cuales también deben ser investigados en razón del daño que han causado al pueblo de México y a la nación. Entre los delitos que les imputa,  apoyado con informaciones periodísticas, gubernamentales, de la Auditoría Superior de la Federación, entre otras, están: la denuncia que hizo Miguel de la Madrid Hurtado respecto de que Salinas de Gortari se robó la mitad de la partida secreta, además, de ser el ejecutor de toda la operación fraudulenta de traslado de dominio de los bienes públicos a particulares y prestanombres.

Que Roberto Hernández recibió Banamex de Salinas de Gortari y luego que este banco fue rescatado con recursos públicos en 1995, lo vendió a City Group en 12 mil millones de dólares sin pagar un solo centavo de impuestos, cometiendo un fraude fiscal de 3 mil millones de dólares.

A Vicente Fox lo acusó de proteger los intereses de la mafia, entregarles bienes del pueblo y de la nación, aliarse con Salinas y encabezar el fraude electoral de 2006.

Claudio X. González es para López Obrador tenaz promotor de las privatizaciones de empresas públicas, y lo acusó de ser el responsable de la guerra sucia en su contra durante la campaña presidencial de 2006.

Respecto de Calderón, enumeró los delitos en que ha incurrido en beneficio propio, de su familia y de su allegados, como ser protector de los negocios turbios de su cuñado, Hildebrando Zavala y de contratos ilegales de Petróleos Mexicanos; o autorizar, como director de Banobras, una aportación a fondo perdido por 400 millones de pesos para la construcción de un túnel bajo el río Coatzacoalcos, promovida por Enrique Baños Urquijo, esposo de la directora del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, y suegro de César Nava.