El abogado Enrique Fuentes León promovió en enero pasado la prescripción del delito del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, ocurrido en septiembre de 1994, el cual se imputó al diputado priísta Manuel Muñoz Rocha.

En marzo pasado el polémico litigante ganó el recurso de manera definitiva. Tras ese triunfo en tribunales, Muñoz Rocha ya no podrá ser detenido ni juzgado por ese crimen.

Derivado del incidente de prescripción que favoreció a Muñoz Rocha, y de acuerdo con fuentes judiciales consultadas, se supo que el ex legislador tamaulipeco está vivo y presumiblemente radica en Estados Unidos.

La Jornada posee copia del documento que demuestra que Fuentes León litigó hace cinco meses y ganó en definitiva el pasado 23 de marzo un recurso que favoreció a Muñoz Rocha.

De hecho, Fuentes León demostró que fue autorizado por Muñoz Rocha para que lo defendiera en este caso, mediante una escritura pública que fue firmada por el propio ex legislador al parecer en Estados Unidos, indicaron las fuentes judiciales consultadas, además de que así se infiere del documento presentado a un juzgado federal por el abogado.

Según las fuentes judiciales entrevistadas, esos recursos son promovidos por prófugos de la justicia, asesorados por abogados penalistas, cuando saben que ha transcurrido la mitad del tiempo de la prescripción del delito que se les imputó y el cual se libró la orden de aprehensión en su contra.

El 28 de septiembre de 1994, Ruiz Massieu fue ejecutado en las afueras del edificio que ocupaba la CNOP, en la calle de La Fragua, muy cerca del centro de la ciudad de México, en lo que fue el segundo magnicidio ocurrido en las postrimerías del sexenio de Carlos Salinas. Seis meses antes había sido asesinado el entonces candidato priísta a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio.

Poco después del asesinato de Ruiz Massieu, Raúl Salinas de Gortari fue detenido como uno de los presuntos autores intelectuales de ese homicidio. Al mismo tiempo, Muñoz Rocha se convirtió en el centro de la investigación sobre esa muerte, pero desapareció al día siguiente del asesinato, y nada se ha sabido de él hasta hoy.

Muchas han sido las versiones respecto de que el ex diputado tamaulipeco fue visto, principalmente el 19 de octubre de 1994, cuando se arrestó al abogado Fuentes León en Estados Unidos, acusado de cohecho.

Según una de las versiones, que fue confirmada por los agentes de inmigración que capturaron a Fuentes León, Muñoz Rocha acompañaba el día del arresto a quien hoy es su abogado en México.

Incluso, un oficio de la cancillería mexicana dirigido el 30 de noviembre de 1994 a la Procuraduría General de la República (PGR) por Juan Manuel Gómez Robledo, secretario particular del entonces titular de Relaciones Exteriores, Manuel Tello Macías, informó al procurador en turno, Antonio Lozano Gracia, que fiscales estadunidenses tenían ubicado a Fuentes León, quien era investigado allá por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

En ese documento se informaba que el entonces cónsul general de México en San Antonio, Texas, Humberto Hernández Haddad, había notificado por escrito al canciller sobre la presencia de Muñoz Rocha en esa ciudad, dos meses después del asesinato.

El gobierno mexicano hizo caso omiso a los informes de Hernández Hadad y en lugar de investigar exigió la renuncia del funcionario.

Luego, en 1999, Marcia Cano, esposa de Muñoz Rocha, promovió un juicio civil para que se declarara oficialmente muerto al ex legislador, como parte de un litigio del que buscó beneficiarse económicamente.

Manuel Muñoz Rocha, en 1993Foto Cuartoscuro

Además, documentación judicial en poder de La Jornada demuestra que Muñoz Rocha ya no podrá ser juzgado por el asesinato de Ruiz Massieu, debido a que el delito de homicidio calificado que se le imputó hace más de 14 años fue declarado prescrito el pasado 23 de marzo por el primer tribunal unitario, cuando ese órgano jurisdiccional confirmó que la acción penal contra el ex diputado prescribió el 20 de febrero de este año.

En este contexto llegó a este diario de manera anónima un documento que confirma la estrecha relación entre Muñoz Rocha y Fuentes León.

Se trata de un escrito jurídico fechado el pasado 19 de enero, que fue recibido a las 11:09 horas de ese día por el juzgado octavo de distrito de procesos penales federales.

El documento contiene un encabezado con el número de causa penal 71/94 (abierta contra los cinco acusados del homicidio de Ruiz Massieu, entre ellos Muñoz Rocha), y refiere que el delito imputado a los inculpados es homicidio calificado.

En dicho documento Enrique Fuentes León –quien se identificó mediante una escritura pública expedida por autoridades notariales de un país que no es de habla hispana (documento que el litigante anexó al juzgado en copia certificada) como representante legal de Muñoz Rocha– solicitó hace cinco meses la prescripción de la orden de aprehensión emitida el 7 de octubre de 1994 contra el priísta.

“Enrique Fuentes León, en mi calidad de representante legal del señor Manuel Muñoz Rocha, en los términos de la escritura pública que en copia certificada y traducción al castellano se anexa a este escrito […], vengo a promover el incidente de prescripción, por transcurso del tiempo, del crimen perseguido por el homicidio calificado en la persona del diputado federal José Francisco Ruiz Massieu, a nombre de mi representado”, puntualiza el documento.

Fuentes del juzgado octavo de distrito de procesos penales federales –donde se radicó hace más de 14 años la causa penal 71/94– revelaron a este diario que la escritura pública ofrecida en copia certificada por Fuentes León fue redactada en inglés, está fechada a finales de 2008 en alguna ciudad de Estados Unidos y contiene la firma de Muñoz Rocha.

El documento deja entrever la posibilidad de que autoridades del Ministerio Público Federal –encargadas de litigar este caso en tribunales– pudieran haber incurrido en delitos relacionados con obstrucción de la justicia.

Ello debido a que el Ministerio Público convalidó dos fallos judiciales presuntamente irregulares, el primero del juzgado octavo de distrito, del 20 de febrero de 2009; el segundo, del primer tribunal unitario, del 23 de marzo del mismo año.

Ambos órganos jurisdiccionales ordenaron la prescripción del homicidio de Ruiz Massieu, pese a que el cómputo para que operara esa figura jurídica fue incorrecto, ya que al existir una escritura pública que demostraba que el inculpado radica en el extranjero, el plazo para la prescripción debió duplicarse, por lo que aún hoy no debía prescribir, según ordena el párrafo segundo del artículo 101 del Código Penal Federal.

Dicha norma asienta: Los plazos para la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio nacional, si por esta circunstancia no es posible integrar una averiguación previa, concluir un proceso o ejecutar una sanción.

La PGR está obligada por ley a iniciar una investigación contra quien resulte responsable a fin de determinar si hubo irregularidades en los dos fallos judiciales.