La salida de Roberto Correa Méndez de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación representa un saldo del enfrentamiento ente tres grupos de casineros: permisionarios registrados, empresarios del juego que operan mediante amparos y otros activos en este sector de manera clandestina, señaló Daniel Olivares, coordinador de la organización no gubernamental (ONG) Di No a los Casinos.

Esta agrupación envió el 13 de noviembre de 2007 al presidente Felipe Calderón una carta –jamás respondida por Los Pinos– en la que advierte sobre la necesidad de identificar a los jugadores-clientes de los bingos para atajar una importante vía de lavado de dinero.

“Los tres grupos de casineros se están enfrentando. Seguramente este funcionario (Correa Méndez) pisó algún callo”, dijo Olivares, cuyo grupo promueve, en particular, la reforma al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para que exista un mínimo control del lugar y forma en que operan los establecimientos de este sector.

El viernes pasado, Gobernación informó acerca de la renuncia de Correa Méndez, quien era responsable, desde el inicio de este sexenio, de la aplicación de la Ley de Juegos y Sorteos. De manera extraoficial se supo que la Secretaría de la Función Pública tiene abiertas diversas investigaciones por irregularidades en la operación de esta área en el bienio 2007-2008.

La renuncia ocurre en medio de la disputa de dos personas por la propiedad de una empresa del sector (Comercial de Juegos de la Frontera), asunto que llegó hasta el análisis de la Presidencia de la República.

Sin embargo, los estudios, opiniones y solicitudes de grupos como Di No a los Casinos no obtuvieron respuesta de la oficina de Calderón, salvo un acuse de recibo (número 61408), cuyo texto incluye la leyenda: ¡Gracias por escribir a la oficina del presidente Calderón!; precisa que posteriormente recibirían un número de registro para dar seguimiento a su petición, el cual jamás llegó a ese grupo social.

Olivares considera que la nula respuesta se explica no sólo por la opacidad con que opera el área de Juegos y Sorteos, sino porque alrededor de ella existen intereses muy fuertes y oscuros, cuyas irregularidades se fortalecieron a partir de 2005, cuando el secretario de Gobernación, Santiago Creel, concedió en unos cuantos días permisos para la apertura de más de 300 salas de juegos, la mayoría sin cumplir el requisito básico en la materia: contar con la dirección exacta en la que operará el establecimiento y el permiso del municipio o delegación.

A ello se agrega la simulación para la apertura de estos centros, muchos difuminados como áreas de videojuegos, y las deficiencias propias de Gobernación, la cual no tiene una plantilla suficiente de inspectores en activo.

Di No a los Casinos advierte, como lo hizo en noviembre de 2008, ya en la gestión de Fernando Gómez Mont en Gobernación, que de nada sirve que el Ejército y la Policía Federal anden corriendo de un lado a otro si la secretaría sigue dando autorizaciones para más salas de apuesta, donde al no llevar el registro personal y pormenorizado de lo que pierde el jugador, se abre la posibilidad de que millones de dólares sean lavados.