Con el paquete de reformas sobre seguridad nacional que Felipe Calderón envió al Senado en abril pasado se pretende legitimar la militarización y situaciones de excepción que se viven ya en amplios territorios del país, se advierte en un primer estudio sobre la propuesta presidencial elaborado por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En el análisis se destaca asimismo que las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional planteadas por Calderón violan artículos de la Constitución, entre ellos el 29, ya que se quita al Congreso la facultad de aprobar que el Ejecutivo suspenda garantías individuales y declare el estado de excepción.

Los perredistas resaltan en ese documento de trabajo que el paquete de reformas de Calderón incluye modificaciones al Código de Justicia Militar, la Ley contra la Delincuencia Organizada, los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley de Seguridad Nacional, aunque la iniciativa madre es esta última, afirman, ya que por medio de ella se pretende legalizar la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y, en general, en tareas de seguridad pública, sin modificar la Carta Magna.

Lo más inquietante es la adición de dos capítulos al título séptimo de esa Ley de Seguridad Nacional, ya que violentan la Constitución, apuntan.

En el primero se establece que el Ejecutivo emitirá la declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior con el fin de decretar una especie de estado de excepción y la única participación del Poder Legislativo será mediante una comisión bicamaral, por la cual podrá conocer el asunto y opinar sobre él.

Se intenta así dar vuelta al artículo 29 constitucional, que establece que para la suspensión de garantías individuales se debe contar con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en su caso.

Todo el capítulo uno del título séptimo es muy grave, afirman, ya que sujeta la seguridad interior a que todas las autoridades estén bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como si se tratara de un estado de excepción.

Incluye además nuevos supuestos que afectan la seguridad, cuya definición deja todo tipo de dudas, exponen.

Por ejemplo, se incluye la sublevación o el trastorno interior en una entidad federativa como elementos que afectan la seguridad interior, sin que se defina qué se entiende por trastorno interior o qué es una agresión directa a los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Un insulto, un golpe?

De acuerdo con el documento de los legisladores del sol azteca, otros supuestos incluidos en el paquete son los actos que pongan en peligro el orden, la paz, la seguridad pública de un municipio, entidad federativa o región y la capacidad de las instituciones competentes para ejercer sus funciones, al igual que actos de extorsión colectiva que afecten a la comunidad o población.

En ese contexto, los perredistas cuestionan: ¿una manifestación pone en riesgo esa capacidad?, o ¿hacer un plantón es un acto de extorsión colectiva?

En el artículo 80 de esa ley se ve con claridad que el Ejército quedará a cargo de operativos y todo lo relacionado con afectaciones a la seguridad interior, ya que las demás instituciones quedan supeditadas a la llamada fuerza armada permanente y le deberán proporcionar toda la información que requiera para el desempeño de esa función.

La Sedena podrá verificar la no circulación de mercancías o efectos ilícitos o de personas requeridas por la autoridad, así como el cumplimiento de las leyes de orden público, dicen.

También, las fuerzas armadas tendrán acceso a las averiguaciones previas, lo que, se destaca en el documento, es violatorio del artículo 20 constitucional y del Código Federal de Procedimientos Penales, los cuales señalan que ninguna autoridad civil que no sea el Ministerio Público, y menos elementos castrenses, pueden conocer ninguna indagatoria judicial.

Preocupa plan sobre el Cisen

Otro tema preocupante, dicen los perredistas, es que se pretende también dar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) atribuciones que no le corresponden, entre ellas procesar toda la información de inteligencia que se genere en el país y realizar “investigaciones de contrainteligencia, para conocer estructuras de organización, formas de operación y ámbitos de actuación.

“¿Se refieren a partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y sociales o sólo a la delincuencia organizada?

El Cisen no es un órgano de Estado, sino una instancia de gobierno supeditada al presidente en turno, por lo que ampliarle las facultades puede ser muy peligroso, advierten.