Lima, 13 de junio. Seis líderes de las protestas de los indígenas amazónicos peruanos, incluido el asilado Alberto Pizango, fueron denunciados por la Fiscalía de Perú por supuestos delitos de apología de sedición y motín, al tiempo que el gobierno canceló la licencia de una radio de la ciudad amazónica de Bagua a la que había acusado de instigar las protestas de las etnias.

Según la denuncia interpuesta por la fiscal Silvia Sack y hecha pública hoy por la prensa de Lima, Pizango, Marcial Mudarra, Daniel Marzano, Teresita Antazu y los hermanos Saúl y Servando Puerta Peña incurrieron en los delitos cuando, en una reunión realizada el 15 de mayo, emitieron un discurso con el fin de convulsionar el clima que hasta ese momento existía en el oriente peruano.

Los acusados ensalzaron las actividades al margen de la ley y de esa manera incitaron subliminalmente a tomar acciones violentas para que sus reclamos sean oídos y aceptados, argumentó Sack, en alusión a los hechos de violencia del 5 y 6 de junio cuando la policía desalojó un bloqueo carretero con saldo de al menos 24 policías y nueve civiles muertos, además de 155 heridos y, según organismos humanitarios, habría 61 indígenas desaparecidos.

Con esas figuras delictivas, los denunciados quedan expuestos a penas de hasta seis años de cárcel, según fuentes del ramo. Todo esto cuando el gobierno afirmó estar con la promoción y protección de los derechos humanos y refrendaba su permanente voluntad de diálogo con todos los sectores involucrados, a decir de la cancillería.

Todos los denunciados forman parte de la cúpula de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, colectivo que aglutina a mil 350 comunidades y encabeza la huelga indígena amazónica iniciada hace 65 días en demanda de que se deroguen decretos que consideran perjudiciales para los pueblos originarios.

Detrás de nosotros hay más dirigentes, dijo al enterarse de la noticia la vicepresidenta de la asociación, Daysi Zapata, en referencia a que las acciones judiciales no los amedrentarán.

A raíz de esos incidentes, Pizango, presidente de esa agrupación y rostro visible de la huelga, se refugió en la embajada de Nicaragua en Lima y obtuvo asilo en ese país, luego que el gobierno del presidente Alan García lo acusó de ser el principal responsable de los hechos de violencia. Actualmente está a la espera del salvoconducto para poder viajar.

Ya antes de los hechos de Bagua, contra Pizango había denuncias por sedición, rebelión conspiración y motín, entre otros delitos. Se descuenta en círculos periodísticos que a raíz de los hechos de violencia se le formularán más cargos, los que según expertos pueden ponerlo en riesgo de recibir hasta 35 años de cárcel.

En tanto, el Ministerio de Comunicaciones canceló la licencia a la radio La Voz, de la ciudad amazónica de Bagua, al noreste del país, a la que días atrás acusó de instigar a las mencionadas violentas protestas indígenas, denunciaron el sábado el Instituto Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas de Perú.

Las autoridades justificaron la drástica medida al alegar un informe técnico oficial, donde se señala que la radio instaló su planta transmisora en un lugar distinto al autorizado en marzo de 2007.

El periodista y directivo de radio La Voz, Carlos Flores, rechazó el cierre y lo atribuyó a la labor informativa que cumplió el 5, 6 y 7 de junio en Bagua durante el desalojo policial de indígenas que bloqueaban una carretera local.

En ningún momento hemos llamado a la población a la insurgencia o a quemar edificios, sino más bien llamamos a la pacificación y la solidaridad para que se asista a los heridos y se ayude a llevarlos hacia los hospitales, dijo Flores al rechazar la versión de la policía de haber instigado las protestas de las etnias.

El cierre de la radio es el primero de un medio de comunicación que se produce en el contexto de un movimiento de indígenas amazónicos, que se encuentran en huelga y mantienen bloqueos de carreteras desde abril pasado en contra de un paquete de leyes que, aducen, atentan contra sus territorios y afecta el medio ambiente en beneficio de las compañías petroleras trasnacionales.

Mientras, manifestantes mantenían bloqueadas hoy tres carreteras en zonas distintas a las incluidas en la huelga amazónica como muestra de solidaridad con los nativos, tomas que se registran en las provincias de Andahuaylas y Tarma, de los departamentos andinos de Apurímac y Junín, y en la provincia de Canchis, en la parte andina del departamento de Cusco.

Desde La Paz, el presidente boliviano Evo Morales dijo que la violencia desatada entre indígenas y policías en Perú fue un genocidio del Tratado de Libre Comercio por la privatización y entrega de la selva amazónica de Sudamérica y Latinoamérica a las trasnacionales, tras la suscripción de ese texto entre Lima y Estados Unidos.

Recordó que en la guerra del Chaco, que hace más de siete décadas confrontó a Bolivia y Paraguay, no se enfrentaron las fuerzas armadas de los dos países, sino que era la guerra de dos petroleras, una de Estados Unidos y otra de Inglaterra.