Guadalajara, Jal., 3 de junio. “Las investigaciones sobre casos emblemáticos recientes, como las torturas y otros malos tratos a decenas de manifestantes en Guadalajara en 2004; las torturas –incluida violación– de al menos 26 detenidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006, y las decenas de casos de trato inhumano, detenciones arbitrarias y homicidios cometidos durante la crisis política de Oaxaca en 2006 y 2007, apenas arrojaron resultados positivos”, se acotó en el informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo de Amnistía Internacional (AI), presentado en esta capital por el director ejecutivo de organización en México, Alberto Herrera.

El activista señaló que la represión a altermundistas que se manifestaron en repudio a la Cumbre de los jefes de Estado y gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, el 28 de mayo de 2004, se mantiene impune y sin ser investigado.

Comentó que el incidente representa un caso de extrema gravedad, no solamente por lo que significan los casos de tortura registrados en los sótanos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, sino por lo que implica que autoridades estatales en su momento y al día de hoy se niegan a abrir averiguaciones previas, investigaciones diligentes para hacer que los responsables rindan cuentas.

Herrera explicó que si bien las violaciones a los derechos humanos y los excesos contra los detenidos ocurrieron durante el sexenio del actual candidato a diputado federal panista por el distrito 12, Francisco Ramírez Acuña, es obligación del gobierno que hoy encabeza Emilio González Márquez retomar un tema que se agrava por la impunidad después de tanto tiempo, armar una investigación independiente e ir hasta las últimas consecuencias sin importar de quién se trate.

Por su parte, el director de la organización no gubernamental Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Francisco Macías, consideró que el caso del 28 de mayo es sintomático de lo que ocurre en Jalisco, donde el respeto a los derechos humanos ha sido relegado de totalmente, lo que repercute en desigualdad, marginación, impunidad y represión.

Macías criticó que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos se documente una inexplicable baja en el número de quejas por tortura, que contrasta con la actividad pericial, que ha arrojado en años recientes 68 dictámenes por esta conducta violenta, mientras que no hay denuncias al respecto investigadas en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco.

Durante la presentación del informe asistieron el jefe del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Jorge Rocha, y la activista de AI en Guadalajara, Kathia Torres Macías.