El operativo de detención de servidores públicos de Michoacán –presuntamente vinculados al cártel de La Familia– se dio en medio de una conducta inconstitucional que violentó las garan-tías individuales de los 30 detenidos, violó el pacto federal establecido en los artículos 115 y 119 constitucionales, la soberanía de esa entidad y los principios de legalidad y seguridad jurídica. Y lo más grave: refleja el autoritarismo y represión del gobierno de Felipe Calderón, en lo que nos parece un desvío o uso faccioso del poder con fines electorales, sostuvo ayer en conferencia de prensa Eduardo Miranda Esquivel, de la Unión de Juristas de México.

“No es casual que este operativo inédito se dé en el contexto de las campañas políticas que concluirán en julio próximo, cuando se renovarán más de mil 500 cargos de elección popular”, destacó el presidente de la agrupación, de la que forman parte connotados abogados, jueces y grupos sindicales del país.

Añadió que el trato denigrante que han recibido los inculpados de la Procuraduría General de la República (PGR), que consiguió arraigarlos por 40 días, demuestra que el principio de presunción de inocencia es violado cotidianamente por las instancias ministeriales, y más en una administración federal que prioriza el poder de la telecracia, donde conductores de noticias acusan, juzgan y sentencian por encima de las autoridades jurisdiccionales, que legalmente son las únicas facultadas para hacerlo.

Con Miranda Esquivel coincidieron representantes del Frente Sindical Mexicano (FSM), de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sección Michoacán, y de la Alianza de Tranviarios de México.

José Luis Vega, del Frente Sindical Mexicano (que incluye al Sindicato Mexicano de Electricistas, Unión Nacional de Trabajadores y otras agrupaciones), luego de anunciar que este lunes primero trabajadores sindicalizados realizarán la marcha correspondiente al primero de mayo (Día del Trabajo), que no se efectuó debido a la contingencia sanitaria derivada de la influenza del virus A/H1N1, dijo que con operativos como el de la semana pasada en Michoacán, el gobierno calderonista sólo ha demostrado sus afanes autoritarios y dictatoriales.

Indicó que estas medidas autoritarias han llevado y han querido orientar a las personas, a través de este temor, a dejar de ser críticos del sistema gubernamental, ante la posibilidad de que les fabriquen delitos.

En el mismo tenor, Benito Bahena, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México, refirió que “estos actos mediáticos de operativos inusitados en Michoacán, no son más que una intimidación en contra de liderazgos sociales y en contra de la misma prensa que se toma la libertad de decir las cosas con claridad y veracidad”.

El mensaje de Felipe Calderón es claro: “Si estás en contra mía estas en favor del narco”, puntualizó Bahena.

Quien desde hace tiempo debió ser investigado, destituido y arraigado es el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, pues han trascendido en medios de comunicación y en señalamientos de los propios narcotraficantes (mediante sus narcomantas) sus presuntos vínculos de protección al crimen organizado, añadió el líder de los tranviarios.

La investigación en contra de los 10 alcaldes michoacanos y otros servidores públicos de esa entidad está basada fundamentalmente en los dichos de tres testigos protegidos, un ex policía ministerial y dos ex integrantes del cártel de La Familia, quienes revelaron el presunto financiamiento de dinero procedente del narco a varias campañas electorales municipales de Michoacán.

Finalmente, Daniel Ávila, dirigente de la CNTE, sección Michoacán, sostuvo que la acción ministerial contra funcionarios municipales y estatales demuestra que “hay un Estado de facto, un Estado que no tiene legitimidad, y la está buscando a partir de acciones espectaculares que dejen la idea de que se está combatiendo al narcotráfico”.