Los demás funcionarios se defenderán de manera independiente, indican sus abogados
La medida les serviría para tener copia del expediente, pero no para salir libres a corto plazo
Lunes 1º de junio de 2009, p. 5
Los diez alcaldes michoacanos detenidos por presuntos vínculos con el cártel de La Familia buscan iniciar el litigio de su defensa jurídica de manera conjunta, mediante un juicio de amparo contra el arraigo por 40 días que enfrentan desde el pasado viernes, que podría extenderse por otro periodo similar. Los otros funcionarios estatales y municipales se defenderán de manera independiente.
El abogado Ismael Jiménez, defensor del edil de Aquila, José Cortés Ramos, informó ayer en entrevista telefónica con La Jornada que durante el fin de semana acordó con los abogados de los otros ediles –aunque precisó que lo definirán este lunes– la posibilidad de tramitar una demanda de amparo conjunta el próximo miércoles, ante un juez federal en esa materia.
La tramitación de la demanda de garantías en contra de la medida cautelar sólo les servirá para tener copia del expediente ministerial que contiene las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), no así para obtener a corto plazo la libertad de los indiciados, pues con las recientes reformas penales en materia de seguridad y justicia penal, propuestas por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, se dio rango constitucional al arraigo, reconoció el litigante michoacano.
Dijo que los alcaldes y los otros funcionarios detenidos –entre ellos un juez penal del fuero común y el ex procurador estatal Miguel García Hurtado– se encuentran confinados en el Centro Nacional de Arraigos, ubicado en la colonia Doctores de la ciudad de México, y los 30 permanecen agrupados en seis dormitorios.
Explicó que prácticamente todo el sábado pasado transcurrió entre trámites de los abogados ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), para que familiares y personas de confianza de los indiciados puedan visitarlos.
Este domingo pudimos (los defensores) ver a nuestros clientes. Las autoridades nos siguen poniendo trabas, lo que repercute en una defensa deficiente y en la violación a sus garantías constitucionales
, destacó el abogado Jiménez.