Los 28 detenidos en Michoacán –diez alcaldes, 17 funcionarios públicos y un juez– formaban parte de una red de protección del cártel de La Familia, pero eso “no puede interpretarse como una cuestión de narcopolítica, se trata de conductas personales que podrían derivar en acusaciones individuales”, afirmó en conferencia de prensa Ricardo Nájera Herrera, vocero de la Procuraduría General de la República (PGR).

El funcionario rechazó que en esta indagatoria –se inició hace seis meses– existan imputaciones o una investigación en curso en contra del gobernador del estado, Leonel Godoy, o su antecesor, Lázaro Cárdenas Batel. En ese contexto, afirmó que no se violaron las garantías individuales de ninguno de los detenidos y que las capturas se realizaron con apego a derecho.

Precisó que, en el caso de los alcaldes, éstos no tienen ningún fuero que los proteja de ser encauzados penalmente por delitos federales, por lo que no será necesario solicitar al Congreso de Michoacán su desafuero.

La PGR sólo había informado inicialmente que este martes elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército Mexicano detuvieron a diez presidentes municipales, al coordinador de asesores del procurador de Justicia del estado, al director del Instituto Estatal de Formación Policial, al jefe de agentes de la Dirección de Gobernación Estatal, a dos directores de seguridad pública municipal, a diversos jefes de grupo, comandantes y policías, así como a la ex secretaria de seguridad pública estatal y actual asesora del gobernador, además de un juez de primera instancia, en una acción simultánea en diversos puntos del estado de Michoacán, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La dependencia señaló que las detenciones se realizaron en cumplimiento de una orden de localización y presentación obsequiada por el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Por la noche, Ricardo Nájera Herrera mencionó que la captura de estos 28 servidores públicos “es el resultado de una indagatoria de seis meses, que combinó las capacidades de investigación policial y ministerial, en campo y gabinete, apoyada en la sistematización de las indagatorias y el análisis y cruces de información en diferentes bases de datos, entre otras actividades realizadas por las autoridades federales.

Conductas personales

“El fiscal de la Federación de la SIEDO investiga conductas personales que presumiblemente pueden actualizarse en conductas consideradas como delito en nuestra legislación penal, sin criterios de afiliación o simpatía política alguna.

“Es importante subrayar que éste es un esfuerzo de colaboración nacional eficaz, entre el fiscal de la Federación de la SIEDO, la policía federal y el Ejército, que desarticula redes de protección usadas por el grupo delictivo La Familia, para flagelar la tranquilidad y seguridad de los habitantes de esa entidad.

“Estas acciones también son parte del esfuerzo que realiza el titular del Ejecutivo Federal en el marco de los operativos conjuntos”, dijo el vocero de la Procuraduría General de la República, aunque se negó a precisar si se actuará de igual manera en entidades como Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y otras, donde se menciona que hay funcionarios públicos que colaboran con grupos del crimen organizado.