Morelia, Mich., 26 de mayo. El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, exigió al gobierno federal un trato equitativo y apegado a la Constitución, ya que su administración no fue informada del operativo de este martes, en el que fueron detenidos 27 funcionarios estatales y municipales de la entidad, así como un juez.

En conferencia de prensa, acompañado por los integrantes de su gabinete, el mandatario perredista reclamó a la Federación el derecho a ser informado una vez que las instancias policiacas han actuado, en correspondencia con los acuerdos y la actitud de coordinación y apoyo mutuo al que nos hemos comprometido.

Dijo que dio instrucciones para que los funcionarios requeridos por el Ministerio Público Federal (MPF) se separen de sus cargos en tanto se realizan las investigaciones correspondientes, y subrayó que colaborará en todo lo que esté a su alcance para el desarrollo del proceso.

También pidió una investigación pronta, transparente y apegada a proceso, así como la inmediata actuación contra quien resulte culpable, pero es imperativo que en los casos en los cuales no se encuentren elementos incriminatorios, el MPF reivindique la imagen de los servidores públicos libres de responsabilidad.

En el encuentro con los representantes de los medios de comunicación, en la Casa de Gobierno, Godoy Rangel subrayó que otros cuatro funcionarios enfrentan órdenes de requerimiento por parte de la autoridad federal, y entre ellos se encuentran el procurador de Justicia, Miguel García Hurtado, y el subprocurador Ignacio Mendoza.

Interrogado sobre si la operación pudo ser una estrategia electoral, el gobernador michoacano respondió que esa acción policiaco-militar pudo llevarse a cabo antes o después de las elecciones, pues la aplicación de la ley no tiene tiempos específicos, “pero se debió ser más cuidadosos, porque incluso al gobierno del estado de Morelos se le avisó con tiempo en cuanto al operativo” ahí realizado.

Dijo que Michoacán ha sido golpeado por los actos terroristas del 15 de septiembre del año pasado, por la crisis económica, la epidemia (de influenza), y en todo momento hemos colaborado con el gobierno federal, señaló el mandatario, quien no obstante reiteró su apoyo a la Federación.

Reacción de partidos

La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) calificó de política del miedo el operativo que llevó a cabo el gobierno federal para detener a 10 alcaldes michoacanos –dos de ellos perredistas–, así como a 17 funcionarios del gobierno estatal y un juez, lo cual evidencia los pocos argumentos que tienen para ganar la elección del 5 de julio en Michoacán.

La lideresa del sol azteca, Fabiola Alanís Sámano, responsabilizó a la secretaria de Asuntos Electorales del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, Luisa María Calderón Hinojosa –hermana del presidente Felipe Calderón–, de operar políticamente y saber desde antes sobre las detenciones, y fustigó el uso político-electoral que el gobierno federal hace de los operativos en contra del crimen organizado.

El PAN michoacano deja solos a dos de sus ediles

Por su parte, el dirigente del PAN en Michoacán, Germán Tena Fernández, se deslindó de los alcaldes de Uruapan y de Ciudad Hidalgo, emanados del blanquiazul, quienes fueron detenidos junto con otros ocho ediles por militares y policías federales sin que existiera una orden de aprehensión emitida por un juez.

El panista aseguró que tanto Ciudad Hidalgo como Uruapan ya eran un foco rojo, y señaló que si a dichos ediles se les comprueba su vinculación con el crimen organizado, a los culpables les debe caer todo el peso de la ley.

En tanto, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se manifestó en favor de que se aplique el estado de derecho, se respeten los derechos humanos de los aprehendidos y se actúe conforme a la ley y no a los intereses partidistas.