Más de 60 organizaciones defensoras de derechos de los menores de edad exigieron a la fracción del PRI en el Senado que retire la iniciativa de ley de presunta protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Consideran que criminaliza a escala nacional a la infancia en situación de calle y no resuelve su condición de marginación.

Afirmaron que de aplicarse las modificaciones propuestas por el tricolor al artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se pondrá en práctica el encierro de menores de 14 años que viven o trabajan en la calle y se impondrán multas a servidores públicos que no cumplan la disposición.

Tales medidas son una oportunidad para que se legalice la práctica de abusos y arbitrariedades contra las poblaciones callejeras, como la privación ilegal de la libertad, el uso excesivo de la fuerza e incluso la tortura y la desaparición forzada de personas, (situaciones) ampliamente documentadas en México, manifestaron.

Moralización panista

Alertaron que con el arribo del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República se inició en el país un fenómeno social urbano en el que gobiernos locales y cabildos, sin importar identidad política, pretenden moralizar los espacios públicos bajo el pretexto, de limpiar las ciudades para el turismo, entre otros argumentos.

Se trata de prejuicios sociales, de clase, en contra de infantes que viven o trabajan en la calle y que obedece a intereses económicos e incluso electorales, aseguraron en conferencia de prensa la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), El Caracol y el Servicio Paz y Justicia Morelos.

Las organizaciones detallaron que esa situación –en la que incluso en algunos lugares participa el DIF– se da en las ciudades de Guadalajara, Chiapas, Cuernavaca, México, Veracruz, Villahermosa, Culiacán, Aguascalientes, León y Guanajuato, entre otras.

En el encuentro con los medios dieron lectura a un pronunciamiento que las más de 60 organizaciones y varios colectivos firmaron y enviaron a los legisladores, en el cual puntualizan que la propuesta, lejos de garantizar el derecho a la asistencia social brindada por el Estado, se suma a iniciativas previas en México y América Latina, con una marcada tendencia a la criminalización de la pobreza.

Apuntaron que más de cinco décadas de atención al fenómeno callejero de América Latina demuestran que el encierro o retiro forzado de menores de edad de las calles sólo constituyen acciones inmediatistas, que impiden un proceso de restablecimiento de la cohesión social.

En contra de lo que ha señalado el Comité de los Derechos del Niños de Naciones Unidas respecto de que el Estado tiene que promover programas de vinculación con la escuela y de desvinculación progresiva con la calle, destacaron que la iniciativa de reforma es una invitación a medidas autoritarias que no cambian las raíces económico-sociales del problema y que pueden incluso fomentar la corrupción y abuso de las autoridades.