El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que busque en todas sus áreas la excusa que Eduardo Medina Mora, titular de la dependencia, debió presentar en la indagatoria contra Francisco Gil Díaz por la presunta venta ilegal de Banamex a Citigroup.

El comisionado ponente, Alonso Gómez Robledo, señaló que los denunciantes exigieron a Medina Mora excusarse de intervenir en el asunto, porque es pariente de Manuel Medina Mora, ex director de Banamex.

Aunque los agentes ministeriales no son recusables, bajo su más estricta responsabilidad deben excusarse del conocimiento de los negocios que tengan, dijo en el debate sobre el recurso 451/09, presentado por un ciudadano que exigió dicho documento, el cual fue integrado a la averiguación previa número 134/UEIDCSPCA/2008.

Cabe destacar que en febrero pasado la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) solicitó una copia de dicho expediente con la finalidad de iniciar una pesquisa sobre el caso.

Durante la sesión –a la cual asistieron tres comisionados, porque Jacqueline Peschard, presidenta del IFA, está enferma– la PGR argumentó que dicha averiguación está bajo reserva.

Gómez Robledo precisó que en ningún momento se pidió el contenido de la indagatoria, sólo la excusa de Medina Mora.

Los denunciantes pidieron la excusa del titular de la PGR, la cual constituye indagatoria en sí misma, pues todos los funcionarios de la administración pública federal deben hacerlo cuando exista causa para ello, para evitar algún desvío en el ejercicio de sus facultades. De la simple lectura de la solicitud se requiere un documento que debe existir en los acervos de la PGR.

Tras afirmar que el señalamiento de la procuraduría es improcedente, indicó que la propia PGR dijo que ya antes le habían solicitado esa excusa, la que reserva, con lo cual acepta que existe.

Gómez Robledo agregó que el marco normativo en materia de excusas, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, señala la obligación de los funcionarios de excusarse en caso de conflicto de interés, verifica que los servidores públicos adscritos pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa por contravenir alguna disposición de la ley.

Por otra parte, el IFAI ordenó a la Presidencia de la República entregar cualquier documento sobre las actividades de Jorge Tello Peón, en su calidad de consejero voluntario del titular del Ejecutivo en materia de seguridad nacional, del 19 de octubre de 2008 al 20 de enero pasado.

Aun cuando la comisionada María Marván avaló la negativa de Presidencia a entregar datos sobre los ingresos de Tello, las estrategias que diseñó, sus responsabilidades, las reuniones que encabezó, el nombre de su jefe, copia de su agenda y otros datos, Gómez Robledo y Juan Pablo Guerrero manifestaron su extrañamiento ante esa respuesta.

No es posible que no exista un memorando o borrador del trabajo de un funcionario que tiene gran responsabilidad en materia de seguridad nacional, dijeron tras considerar que esa información, por ley, tiene carácter público.”