El presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna Jaime, compareció ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) y rindió declaración ministerial en calidad de testigo en la investigación que se realiza por la grabación y divulgación ilegales de llamadas telefónicas del ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, en febrero pasado.

Osuna Jaime llegó solo, minutos antes de las seis de la tarde, a la sede la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Justicia, ubicada en la colonia Roma de la ciudad de México, y salió de allí después de las 21:30 horas.

De acuerdo con Osuma Jaime, la diligencia duró poco más de una hora, porque (los funcionarios) estaban escribiendo mucho y todo comenzó tarde. Su abogada, Odette Mubarak, llegó casi a las 18:30 horas.

Antes de entrar, el director de la Cofetel aseguró: me citaron, pero no sé acerca de qué.

Al salir de la diligencia ministerial Osuna Jaime fue parco al responder las preguntas de los reporteros, que pretendían conocer los cuestionamientos que le hizo el Ministerio Público Federal.

“Todas las preguntas fueron hechas conforme a derecho y como es un investigación en curso hay que mantener la secrecía”, manifestó.

Reconoció que fue citado en calidad de testigo. Aseguró que se trató de una diligencia como muchas relacionadas con cuestiones de intervención ilegal de comunicaciones y señaló que es la primera vez que lo citan a declarar ministerialmente en un asunto de esa naturaleza.

En febrero de este año el noticiario radiofónico que conduce Carmen Aristegui dio a conocer una grabación en la que el ex secretario Luis Téllez afirmó que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la partida secreta y que al final de su sexenio destrozó al país.

Esa grabación quedó registrada en el buzón de voz del celular de Diana Pando, a quien el ex secretario habría llamado desde Cancún a finales de 2006.

Posteriormente también se difundieron varias conversaciones telefónicas de Téllez, por lo que la PGR inició una investigación por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas.