San Cristóbal de las Casas, Chis. 2 de mayo. El gobierno de Juan Sabines Guerrero parece determinado a llevar hasta sus últimas consecuencias el encarcelamiento, sin pruebas, de los ocho indígenas de la región de Agua Azul acusados de ser asaltantes. Por lo pronto, ya tiene en prisión a un miembro del EZLN, Miguel Vázquez Moreno, reivindicado por la junta de buen gobierno (JBG) de Morelia, la cual sostiene su inocencia. Otros seis son adherentes de la otra campaña.

Diego Cadenas Gordillo, abogado de los detenidos y director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, destaca que sucesos de este tipo no se presentaron durante el anterior gobierno de Chiapas. Pablo Salazar Mendiguchía nunca asumió públicamente compromisos como los hechos por Juan Sabines con las comunidades zapatistas, en dos mensajes donde refrenda su respeto a los gobiernos autónomos.

La JBG manifestó el 28 de abril que de nuevo en Chiapas llegó la ley de Absalón Castellanos y de Roberto Albores Guillén, actuada por Juan Sabines.

Cadenas, defensor de los consignados, expone: “Usando los trucos que durante el pasado gobierno llevaron a prisión a muchos de los indígenas recientemente liberados, tras una huelga de hambre, las actuales autoridades repiten los procedimientos ilegales –incluyendo tortura y fabricación de cargos y pruebas– que practicaba Mariano Herrán Salvatti cuando era fiscal del estado. Sabines incurre en las mismas violaciones de sus antecesores”.

También señala que mientras estuvieron en arraigo los indígenas, se difilcultó el acceso a los presos y sus expedientes. Allí se ubican violaciones al debido proceso, similares a las que padecieron los anteriores presos. Los elementos de inculpación son insuficientes y las diligencias de identificación no cumplieron con los requisitos legales.

Cadenas apunta que los denunciantes son policías estatales de caminos, como aquellos que, confabulados con priístas de la zona, torturaron e inculparon al zapatista Eliseo Silvano y su hijo en 2008. Ahora, los uniformados empezaron por señalar a Jernónimo Saragos, de San Sebastián Bachajón, quien no habla nada de castellano y no tuvo un traductor de su lengua cuando bajo coerción de la policía fue obligado a firmar una declaración.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cargo de Raciel López Salazar, en inserción pagada que apareció hoy en la prensa, emplea estos términos: “(la dependencia) ejercitó acción penal ante el juez segundo del ramo penal del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez, en contra de ocho integrantes de una banda delictiva, dedicada al asalto carretero en el tramo Ocosingo-Palenque.

Se encuentran recluidos como probables responsables de los delitos de robo con violencia y delincuencia organizada, en el Centro de Reinserción Social Número 14, El Amate, Jerónimo y Antonio Gómez Saragoz (sic), Jerónimo Moreno Deara, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián y Pedro Demeza Deara, Juan Gómez Moreno (sic) y Miguel Vázquez Moreno.

Según la PGJE, los indiciados detallaron que en los primeros asaltos, utilizaban pasamontañas para cubrir sus rostros, sin embargo, a últimas fechas cometían los atracos con el rostro descubierto.

Con este cómodo argumento, las autoridades pudieron dar como válidas las identificaciones de choferes que habrían sido asaltados. Según Cadenas, a los presuntos testigos solamente se les presentaron los detenidos, juntos, sin verdadero cotejo con otros individuos, como exige la ley. Es posible pensar que se trató de un montaje.