Ante el próximo inicio de las campañas electorales y la epidemia de influenza porcina en el país, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, informó que se prepara un protocolo sanitario para ser aplicable a las campañas de los partidos políticos.

Valdés insistió en la pertinencia de que éstos y sus candidatos no realicen mítines ni concentraciones que pongan en riesgo la salud de la población, lo cual, recordó, está siendo considerado por las dirigencias partidistas.

Advirtió que el IFE está trabajando sobre diversos escenarios. Estamos preparados, afirmó, para cualquier eventualidad en el sentido de tener que redefinir los plazos del proceso electoral. Habló también sobre el trabajo de los capacitadores del IFE y las medidas de precaución que deben adoptarse; el instituto está preocupado por no contribuir a que la epidemia se propague entre nuestro personal que está trabajando en el campo, dijo.

La epidemia de influenza, expresó, no sólo condicionó las formas de la sesión, sino también buena parte del fondo de las discusiones relativas al esquema de arranque de las campañas, los tiempos oficiales cedidos por el IFE para difundir mensajes de emergencia e incluso las medidas sobre capacitación electoral.

Partidos políticos

A su vez, los partidos hablaron de no politizar el tema; sin embargo, fue lo primero en que todos incurrieron. En principio, el perredista, Rafael Hernández se refirió a la suspensión de mítines de su partido, incluida la celebración por el aniversario del PRD el 5 de mayo, e insistió en la propuesta presentada la víspera para convocar a una reunión urgente, donde estuvieran incluidas las secretarías de Gobernación y de Salud.

De inmediato el priísta Sebastián Lerdo de Tejada casi dio por inviable dicha reunión, si no se contaba con una información de la autoridad de salud que aludiera a cambios sustanciales. Convocar a reuniones sin la sustancia técnica aportada por las áreas facultadas constitucional y legalmente para ello sería una reunión política y no técnica, dijo.

Afirmó estar dispuesto al diálogo y a alcanzar acuerdos, pero atendiendo recomendaciones técnicas en función de lo que las autoridades sanitarias difundan. Le toca al gobierno federal (decir) qué se puede y qué no se puede hacer desde el punto de vista de la movilidad ciudadana. Evidentemente, los virus no tienen ideología ni preferencia partidaria, por lo que no habrá ninguna promoción que vaya en contrasentido de las recomendaciones sanitarias.

Las afirmaciones priístas fueron reprochadas por el panista Roberto Gil, quien aseveró que la medida decretada por la autoridad sanitaria no es de cumplimiento potestativo de los partidos o ciudadanos. Es una emergencia que ha sido explicada y declarada por lo que la responsabilidad de los partidos no es de comprometerse u ofrecer su cumplimiento. Hay una obligación no solamente como ciudadanos, sino también como responsables públicos de la vida colectiva de atender irrestrictamente dichas medidas.

Dijo que sería un contrasentido que mientras la vida cotidiana de la sociedad ha sido trastocada por la epidemia, los partidos hagamos como si nada estuviera pasando; que si está limitada la actividad educativa y económica, los institutos políticos vayamos a campaña como si nada estuviera pasando. No estamos frente a una concesión de los partidos, ante una autolimitación de éstos, sino a una obligación política, jurídica y ética.

Durante la sesión se ratificó la designación de Alfredo Cristalinas como responsable de la unidad de fiscalización, cuyo nombramiento había sido revocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por no haberse corroborado la experiencia necesaria requerida por ley.

También se designó a Rosa María Cano Mendoza directora jurídica, en sustitución de Rolando De Lassé.