Amnistía Internacional (AI) consideró que la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por el caso conocido como Campo Algodonero, proveerá una oportunidad importante para que los representantes de las víctimas demuestren la falta de cumplimiento de las autoridades mexicanas para prevenir y castigar con eficacia la violencia contra mujeres en Ciudad Juárez, que a la fecha ha dejado más de 450 asesinadas desde 1993, muchas de las cuales fueron secuestradas y violadas.

Recordó que este caso ocurrió en noviembre de 2001 cuando los cuerpos de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González fueron descubiertos en un campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua, junto con los cadáveres de otras cinco mujeres, la mayoría menores de 18 años.

El organismo internacional señaló que las autoridades de los tres órganos de gobierno han discriminado a las víctimas de los feminicidios en aquella ciudad fronteriza, en especial en el caso Campo Algodonero, pues se equivocaron al identificar los cuerpos y no lograron recoger pruebas forenses viables ni realizar investigaciones eficaces. En cambio, recurrieron a numerosas prácticas irregulares, incluida la tortura para obtener confesiones y fabricar culpables.

AI resaltó que de 1993 a la fecha se ha dado sistemáticamente un patrón de secuestros, violaciones y asesinatos de mujeres en aquella ciudad fronteriza, sin que las autoridades tomaran en serio estos crímenes, y señalaban a menudo que las víctimas eran culpables de los mismos y se trataba a los familiares denunciantes con desprecio.

El organismo internacional agregó además que de los responsables de estos crímenes pocos han sido sancionados y enjuiciados, lo que generó un clima de miedo e inseguridad para las mujeres en la región y ha dejado en la impunidad estos asesinatos.

AI lamentó que aunque se han identificado al menos a 177 funcionarios estatales presuntamente implicados en investigaciones deficientes por los feminicidios tampoco se ha llevado a juicio a ninguno de ellos. No se han proporcionado reparaciones completas por los crímenes a muchos de los familiares de las víctimas, incluida una falta de reconocimiento adecuado de que el Estado no ha respetado, protegido ni garantizado los derechos de las víctimas, de acuerdo con las leyes internacionales sobre derechos humanos.

Sostuvo que aun cuando en años recientes las autoridades mexicanas han aplicado diversas medidas para erradicar la violencia contra las mujeres en México, el impacto de estas estrategias no es totalmente claro, pues continúan las agresiones contra ese sector en el país, particularmente en Chihuahua, y las medidas para identificar y procesar a los responsables continúan siendo ineficientes.

Asimismo, agregó que la CIDH debe considerar para su resolución sobre este tema las constantes amenazas y hostigamientos contra los defensores de derechos humanos, organizaciones de mujeres y personas que han denunciado estos crímenes y buscan justicia para las víctimas, cuyos homicidas no han sido identificados y mucho menos sancionados.

Agregó que en los pasados dos años el fenómeno de los feminicidios ha sido opacado por los asesinatos relacionados con el crimen organizado en Ciudad Juárez,

Sin embargo, subrayó que debe ponerse atención, pues los homicidios de mujeres en la región aún son frecuentes lo que evidencia que el Estado no consigue erradicar las causas de violencia contra las mujeres, ni cumple eficazmente con su obligación internacional de garantizar los derechos de ese sector al poner fin a la discriminación y violencia.