Santiago, 28 de abril. México comenzó hoy a ser enjuiciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su presunta responsabilidad en la muerte de tres mujeres en Ciudad Juárez, en hechos ocurridos a finales de 2001, donde se acusa al Estado de falta de medidas de protección y prevención del crimen.

Esta es la primera denuncia que atiende un tribunal internacional sobre algunas de las cerca de 500 mujeres asesinadas en los últimos años en esa ciudad fronteriza, con motivaciones de índole sexual y encarnizamiento, en casos que en su mayoría no han sido esclarecidos judicialmente. Incluso se menciona que habría 600 mujeres desparecidas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó a México ante la CIDH –una institución judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA)–, con el alegato de que habría incurrido en responsabilidad internacional por la presunta falta de medidas de protección a las víctimas.

Sostuvo que se incurrió en falta de prevención de los delitos, pese al supuesto pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género en esa localidad, la falta de respuesta ante la desaparición de las víctimas, la falta de la debida diligencia en las investigaciones, la denegación de justicia y solicitó a la Corte ordenar al Estado mexicano adoptar medidas de reparación.

La audiencia pública, en las oficinas del antiguo Congreso chileno, en Santiago, comenzó con un relato de los hechos que rodearon la muerte de Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos, dos de ellas menores de edad, en un campo algodonero, en septiembre y noviembre de 2001.

Sólo los cuerpos de las tres mujeres pudieron ser identificados de un total de ocho que fueron encontradas en las afueras de la ciudad con signos de tortura, violación y mutilación de sus cuerpos.

La audiencia siguió con los dramáticos testimonios de las madres de las tres mujeres, que en medio de lágrimas relataron la forma en que fueron encontradas sus hijas y clamaron por justicia, ante una CIDH presidida en este periodo de sesiones por la jurista chilena Cecilia Medina.

Este miércoles continuarán los alegatos finales de las partes, y la sentencia definitiva será conocida en noviembre.

Benita Monárrez, madre de Laura Ramos, pidió a los jueces hacer justicia por su hija y todas las asesinadas en una de las localidades más violentas de México. Pido que se haga justicia por todas las mujeres de Ciudad Juárez, dijo Monárrez, al final de su exposición.

La madre de Claudia González, Josefina González, y la de Esmeralda Herrera, Irma Monreal, denunciaron que nunca se investigó bien y a ocho años de la desaparición de las jóvenes se siguen violando sus derechos.

La organización no gubernamental (ONG) Nuestras Hijas de Regreso a Casa, acusó que los cadáveres fueron congelados antes de ser abandonados en el lugar. Asimismo, en documentos de madres de víctimas y ONG se afirma que detrás de algunos casos relacionados con crímenes sexuales pudiera estar involucrado un ex funcionario de la Procuraduría General de Justicia local, arrestado por su presunta participación en una red de prostitución infantil en esa ciudad fronteriza mexicana.

Se busca evitar impunidad a toda costa: embajador

Unos 20 funcionarios mexicanos –entre diplomáticos, agentes, peritos y abogados– forman parte de la defensa del Estado acusado. El embajador de México en Chile, Mario Leal, presente en la audiencia, explicó ante la prensa que su país “busca evitar la impunidad a toda costa.

Ese es el deseo que tiene el gobierno mexicano y por supuesto, someterse al arbitrio de esta Corte para poder seguir mejorando por procesos de investigación que están pendientes, para asegurar la máxima eficacia y el respeto absoluto a los derechos humanos, señaló.

En la audiencia, un represente policial de estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, dijo que hasta ahora la procuraduría local ha gastado unos 35 mil dólares en las pesquisas, lo que demuestra el interés en aclarar el caso.